La minoría en la que se encuentra el oficialismo en el Congreso se hace cada vez más evidente. Acorralado tanto por la oposición amiga como por la más intransigente, el Gobierno sufrió anoche un duro revés en Diputados, donde por más de dos tercios de los presentes (162 votos afirmativos, 72 en contra y ocho abstenciones) obtuvo media sanción el proyecto que busca recomponer los haberes jubilatorios. La iniciativa será girada ahora al Senado, donde se descuenta que tendrá luz verde y hasta se especula con que la sanción definitiva se imprima con otra mayoría especial que deje en jaque el ya anunciado veto presidencial.

“Les dejo este tweet para que quede claro a todo el mundo: no voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario”, escribió Javier Milei en su cuenta de X tras la media sanción de la Cámara baja. Allí, el mandatario recordó su discurso en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) del mes pasado, en donde aseguró que vetaría cualquier ley que sancione el Congreso que pueda perjudicar el programa económico del Gobierno, centrado en el déficit cero.

No obstante, el veto presidencial tiene límites. La Constitución Nacional define que si el Presidente decidiera desechar la ley, cada una de las Cámaras puede igualmente insistir con su sanción si logra reunir para ello a los dos tercios de los miembros presentes. Si bien son mayorías difíciles de conseguir, Diputados ya la obtuvo y en el Senado el panorama es incluso más adverso para el oficialismo.

“Estamos firmes los 33 para votar lo que viene de Diputados”, dictaminó un senador de Unión por la Patria (UP) a LA NACION. Con esta base de avales, el kirchnerismo está a solo 15 voluntades de llegar al mágico número de 48 (de los 72 senadores, si todos estuvieran presentes) y blindar el proyecto.

De hecho, el radicalismo, que motorizó el proyecto en la Cámara baja, cuenta con un bloque de 13 miembros. Allí conviven dirigentes compenetrados con el proyecto libertario con otros que muestran aversión a las ideas del oficialismo. No obstante, la discusión jubilatoria podría finalmente ubicar del mismo lado a sus integrantes. Así ocurrió con sus pares diputados, que por primera vez este año votaron cohesionados, a favor del proyecto. Incluso aquellos que responden a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy). A pesar de que los mandatarios provinciales pidieron “no ser obstruccionistas” en el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal, una nueva agenda en el Congreso descubrió un costado menos dócil.

El senador y presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau, felicitó este miércoles en X a los diputados que acompañaron la mejora jubilatoria. Con un mensaje para la tropa propia, señaló que es una manera de “recomponer el ingreso de quienes más están perdiendo contra el ajuste y la inflación”, y sentenció: “Espero que los senadores votemos con la misma convicción”.

Según pudo saber LA NACION, es probable que los tres integrantes de Unidad Federal, Carlos Mauricio Espínola (Corrientes), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Alejandra Vigo (Córdoba) también avalen la iniciativa, aunque ninguno lo confirma de manera oficial. Es un indicio que los cuatro diputados vinculados con el gobernador cordobés, Martín Llaryora, hayan acompañado la propuesta. Lo mismo pasó con los dos santacruceños –Sergio Acevedo y José Luis Garrido– que responden al líder provincial, Claudio Vidal. Cerca de los senadores José Carambia y Natalia Gadano, del bloque Por Santa Cruz, adelantaron la factibilidad de su voto positivo.

La principal incógnita recae en Pro –con seis miembros–, donde el tema previsional los pone en una encerrona. Los adultos mayores representan su base electoral más sólida, pero su defensa podría romper la cuidada sintonía con el Gobierno. Esta incomodidad se vio reflejada en el detalle de la votación en Diputados, que arrojó que de las 16 ausencias, siete fueron de referentes de Pro. Entre otros, se destacaron los faltazos de Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal.

Esta misma situación se replicó en los legisladores chubutenses con terminales concretas con el mandatario provincial, Ignacio Torres. Tanto Ana Clara Romero como Jorge Ávila se ausentaron durante la votación en general del proyecto. En el Senado, Andrea Cristina y Edith Terenzi podrían adoptar la misma actitud, lo que reducirá las chances del Gobierno de evitar una derrota. En la Cámara alta, las prescindencias no se computan como votos válidos. Por ende, las abstenciones jugarán a favor de que la oposición logre con menos votos los dos tercios de los presentes.

Con la Ley Bases y el paquete fiscal aún en discusión, el ingreso de la iniciativa que busca recomponer los haberes jubilatorios podría funcionar como una nueva prenda de negociación con la Casa Rosada. Si bien el oficialismo no cuenta, por el momento, con los votos para rechazar el proyecto, es probable que apueste a dilatar la discusión, e incluso busque estamparle cambios al proyecto que arribará desde Diputados. Este escenario forzará la revisión de la Cámara de origen y postergará su sanción definitiva.

Qué dice el proyecto

El texto que obtuvo media sanción en Diputados busca recomponer las jubilaciones en un 8% por efecto de la inflación por enero pasado. Además, contempla un rediseño de la fórmula de actualización de los haberes que combina el índice de inflación (IPC) con la variable salarial (RIPTE).

Define un ajuste mensual por inflación e incluye una cláusula para que se instrumente un aumento adicional en marzo de cada año de acuerdo al índice de salarios Ripte. Si este indicador es mayor al IPC, se trasladaría a las prestaciones un alza equivalente al 50% de la diferencia. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado.

La iniciativa también fija un piso del haber mínimo jubilatorio, el cual no debe ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor, que actualmente es de $250.286 mensuales. El kirchnerismo y los dialoguistas fijaron como parámetro el valor de 1,09 canasta básica.

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