El viernes de la semana pasada, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, resolvió que no había mérito para formular denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, su exministra de Economía María Antonieta Alva y sus exministros de Salud Elizabeth Hinostroza y Víctor Zamora, por presuntamente haber concertado con un grupo de empresarios la compra de pruebas rápidas al inicio de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 en nuestro país.

La investigación giraba en torno de una reunión sostenida en la sede del MEF el 18 de marzo del 2020 entre Vizcarra, Alva e Hinostroza con otros funcionarios y representantes de empresas farmacéuticas en la que se habría resuelto priorizar la adquisición de pruebas rápidas para la detección del coronavirus –en desmedro de las moleculares, que los principales organismos sanitarios recomendaban en ese momento– y adjudicar dichas compras a determinadas firmas. En el caso de Zamora, que fue nombrado ministro dos días después de dicha cita, se lo acusaba de haber emitido normas que masificaron el uso de pruebas rápidas en el país.

Rápidamente, aparecieron voces que interpretaron esta decisión como una muestra de que las investigaciones contra el expresidente son infundadas y que, en consecuencia, se irán cayendo una a una. Como si de alguna forma hubiese sido redimido. Nada más falso. Incluso cuando hay especialistas que han cuestionado la resolución del fiscal Villena y algunos congresistas ya han pedido que acuda al Congreso para explicar el asunto, vale decir que esta era una de las imputaciones más febles contra el exmandatario y de ninguna manera significa que su situación en alguno de los otros procesos que afronta vaya a mejorar. De paso, tampoco libra de la polémica a la estrategia que siguió su gobierno para afrontar la pandemia, una que terminó empujando al Perú a una debacle sanitaria y económica de magnitudes únicas en el mundo y que, para variar, nos dejó sin una sola vacuna comprada.

De hecho, no conviene olvidar que, pese a que en abril del 2023 la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra Vizcarra precisamente por el ‘Vacunagate’ –el escándalo de la vacunación irregular de una serie de funcionarios y sus familiares, entre ellos el expresidente, su esposa y su hermano–, en el Congreso todavía no le han dado el trámite correspondiente. Ello, a pesar de que en este caso las evidencias de que utilizó su cargo para beneficiarse mientras el país languidecía por el virus son bastante más sólidas. Por este ‘affaire’, además, el Congreso anterior inhabilitó al expresidente para ejercer cargos públicos por diez años en abril del 2021.

Tampoco conviene olvidar que el exgobernador regional de Moquegua enfrentará un juicio por las presuntas coimas que recibió a cambio de licitar la construcción del proyecto Lomas de Ilo y del hospital de esa región. Que, asimismo, protagoniza otra investigación en la que el Ministerio Público lo acusa de encabezar una presunta organización criminal conocida como Los Intocables de la Corrupción, que habría dirigido licitaciones desde Provías Descentralizado. Que tiene otro proceso en curso por un presunto favorecimiento al cantante Richard ‘Swing’ con contratos de dudosa necesidad en el Ministerio de Cultura durante su gobierno. Y que hace poco, para variar, se supo sobre un documento del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) que señala que durante su gobierno funcionarios de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior y personas de “las más altas esferas del Poder Ejecutivo” habrían coordinado para permitir la fuga del exjuez supremo César Hinostroza.

Por lo que el hecho de que una investigación haya sido archivada no significa que las otras vayan a seguir el mismo curso. Ni tampoco, por cierto, mejora un ápice el desastre que fue la gestión de la pandemia por el expresidente ni la manera como jugó con las expectativas del país en torno de vacunas que nunca consiguió, al menos no para el resto de peruanos.