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Tan solo cuatro días después de posesionarse, el nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reavivó las tensiones en la zona fronteriza con Colombia por cuenta de la construcción de una cerca en el Tapón del Darién, con la que se busca cerrarle el paso a los migrantes.
En una medida que volvió a encender las alarmas ante el riesgo de una nueva crisis migratoria, líderes del Acandí, ubicado en el extremo norte del departamento de Chocó, cuestionaron la medida por considerarla un peligro para las miles de personas que se adentran bajo su propia suerte en la selva en su camino hacia Estados Unidos. Además, expresaron su preocupación ante la posibilidad de nuevos represamientos de migrantes no solo en ese municipio, sino en el resto del golfo de Urabá (como ya ocurrió en Turbo y Necoclí).
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Emigdio Pertuz Buendía, líder del consejo comunitario Cocomanorte, denunció que el polémico cerco ya está instalado en varios puntos de la vereda Astí y, pese a que el mismo tardó más en levantarse que en empezar a ser roto por los migrantes, le ha agregado más riesgos a una ruta que por sí sola ya cobra víctimas fatales todos los días.
“El cercado ya es una realidad. En este momento, por esa orden del presidente de Panamá, una orden improvisada, irrespetuosa y sin planificación, ya tenemos los alambres instalados en tres puntos. Ahora lo que está pasando es que los migrantes cortan los árboles que están cerca a los alambrados, entonces cuando se caen los árboles lógicamente se cae la cerca y ellos pasan por encima, incrementándose así el peligro para ellos, sobre todo para los niños, las mujeres embarazadas, las personas con edad avanzada o con obesidad”, reprochó Pertuz.
En varias fotografías captadas por habitantes locales puede observarse cómo el cercado consta de varios alambres de púas que fueron clavados a los árboles y a su vez envueltos en concertinas con los que se busca impedir el paso de cualquiera.
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“Eso es una cosa altamente peligrosa, que uno no la usa ni siquiera para cercar a los animales”, criticó el líder local.
Tal como ha sido registrado en medios panameños, la construcción de una cerca en el Darién fue una de las primeras promesas del recién posesionado presidente Mulino, como una solución para frenar la crisis migratoria.
Frank Ábrego, ministro panameño de la cartera de Seguridad Pública, anticipó que dicha estructura se levantaría por etapas y aseguró ya haber sostenido conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores colombiano Luis Gilberto Murillo con miras a coordinar ese y otros cambios en las políticas migratorias, según registró el pasado 2 de julio el diario La Estrella de Panamá.
Durante su posesión el pasado 1 de julio, el presidente Mulino ya había advertido que una de sus principales tareas sería la de dejar por fuera de Panamá a los migrantes ilegales.
“No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, aupados por toda una organización internacional relacionada con el narcotráfico y el tráfico de personas”, dijo el mandatario.
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Además del cercado, el martes pasado el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Eric Jacobstein, ya había anunciado que en coordinación con Panamá se iniciaría en las próximas semanas un programa de repatriaciones masivas, que incluirá una inyección de 6 millones de dólares para ese país, buscando reducir el flujo migratorio hacia Norteamérica.
Si bien en el fenómeno hay un alto subregistro, de acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo colombiana se estimó que durante el primer semestre de 2023 esa frontera había sido cruzada por lo menos por 196.371 migrantes, en su mayoría provenientes de países como Venezuela, Ecuador, Haití, China, India y el continente africano, en un balance que apuntaba a un incremento del 297% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
En 2022, la Defensoría alertó también que en medio de ese alto flujo se estimaban unos 40.000 niños deambulando por la zona, muchos de ellos abandonados a su suerte.
Con base en ese contexto, Pertuz expresó no solo su preocupación porque el endurecimiento en las políticas migratorias panameñas pueda traducirse en abusos policiales contra los migrantes, sino porque el tema vuelve a poner sobre la mesa el abandono que sufre esa zona por parte de las autoridades de los dos países y los organismos multilaterales.
En el caso colombiano, Pertuz recordó que desde 2019, cuando en el gobierno de Iván Duque el canciller era Carlos Holmes Trujillo, esa última cartera ya había prometido un plan de choque y políticas de atención humanitaria que no se terminaron concretando y siguieron a la deriva tras el inicio de la administración de Gustavo Petro.
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Aquel año cabe recordar que el tema volvió a tener los reflectores públicos por cuenta del naufragio de una embarcación que iba con 27 pasajeros y le costó la vida a 12 de ellos el 31 de enero, en una tragedia que le dio la vuelta al mundo.
En medio de esa situación, que desencadenó en operativos y protestas de transportadores, los municipios antioqueños de Turbo y Necoclí también pagaron los platos rotos y vieron como sus playas se represaron con miles de personas.
“Esto no es colocar una malla y enviar a la guardia para que atropelle a la gente. El llamado que le estamos haciendo al Gobierno Nacional, a la Procuraduría y la Defensoría es que envíen una misión robusta antes de que haya una tragedia”, propuso por su parte Pertuz, insistiendo en que se requiere de una política pública enfocada en esa zona del país.
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