En su discurso de investidura, el presidente panameño, José Raúl Mulino, prometió frenar la migración ilegal a través del Tapón del Darién. Tan solo en 2023, más de 520.000 migrantes cruzaron esta inhóspita frontera selvática entre Colombia y Panamá.
Tras la ceremonia, el pasado 1ro de julio, los Gobiernos de Panamá y Estados Unidos firmaron un convenio, en el que Washington se comprometió a pagar las repatriaciones de los migrantes irregulares.
Unos seis millones de dólares estadounidenses serán destinados a la compra de boletos de avión, así como a programas de entrenamiento y asistencia técnica para las autoridades del país centroamericano.
Más acuerdos regionales
“Estamos en una era de movilidad humana sin precedentes en el hemisferio occidental. Es importante entender esto para tener acuerdos más regionales y manejar mejor los flujos migratorios”, apunta Diego Chaves, gerente sénior para América Latina y el Caribe del Instituto de Política Migratoria, en Washington.
En entrevista con DW, el experto colombiano saluda el esfuerzo bilateral entre los Gobiernos de Joe Biden y José Raúl Mulino, pero duda que la repatriación sea una manera efectiva de resolver la crisis en el Darién.
Retos de la repatriación
“Logística, social y políticamente es una medida muy difícil de implementar”, subraya Chaves, y explica que, en primer lugar, Panamá necesita la infraestructura aeroportuaria necesaria para realizar los vuelos de repatriación.
Además, los países de origen de los migrantes tienen que aceptarlos de vuelta. Sin embargo, de momento, no hay negociaciones con otros países, como Venezuela, que permitan una repatriación efectiva, agrega el experto del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).
“Amenaza” para frenar migración
“No sabemos cuántas personas migrantes podrían estar sujetas a este nuevo programa ni de qué nacionalidades”, dice a DW Maureen Meyer, vicepresidenta de programas de la organización de derechos humanos estadounidense WOLA.
En promedio, añade, unas 1.000 personas cruzan el Darién cada día, pero incluso un país con una infraestructura de deportación desarrollada, como Estados Unidos, solo logra retornar por vía aérea entre 500 y 600 migrantes al día.
“Sin una inversión masiva de fondos y el desarrollo de la infraestructura necesaria, es difícil imaginar un impacto significativo del convenio. Los Gobiernos esperan que la amenaza de ser deportados sirva para desincentivar a muchos migrantes”, opina Meyer.
Y prosigue: “La historia nos muestra lo contrario: políticas enfocadas en la disuasión no tienen un impacto duradero en los flujos migratorios, pero sí impactan en la seguridad y el bienestar de las personas migrantes”.
“Una tensión muy fuerte” en Ciudad de Panamá
Por su parte, Diego Chaves resalta que muchos de los migrantes que llegan a Panamá nunca entran en las grandes ciudades del país. Hasta ahora, la estrategia de flujo controlado ha permitido que tengan una ruta propia rumbo a Costa Rica.
Además, está convencido de que una mayor presencia de personas migrantes en Ciudad de Panamá, a la espera de sus procesos de repatriación, “va a generar una tensión muy fuerte que hasta ahora el panameño no conocía”.
Deportaciones en las próximas semanas
Eric Jacobstein, subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, anunció que las deportaciones comenzarán en las próximas semanas, sin mencionar una fecha concreta.
Sin embargo, el experto Chaves se muestra escéptico al respecto y asegura que, actualmente, “la capacidad del Gobierno panameño para crear una estrategia de repatriación efectiva es nula. Va a tomar mucho tiempo construir la infraestructura necesaria en un lugar como el Darién”.
Finalmente, mientras a Maureen Meyer le cuesta creer que el convenio pueda tener un impacto significativo en el número de personas en movimiento en América Latina, Diego Chaves teme que las propuestas sean solo anuncios que se queden en el papel.
(rml)
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