Después de la aprobación de la Ley de Bases y del paquete fiscal, el Gobierno volverá a la carga parlamentariamente con uno de los ítems que debió dejar afuera de la versión original en el camino de las negociaciones con la oposición dialoguista: el capítulo de la reforma electoral.
Con ese paquete, sobre el que ya trabajan en Balcarce 50 y esperan presentar dentro de 30 o 40 días, buscarán avanzar con la eliminación de las PASO, incluir listas abiertas, la posible implementación de la Boleta Única y hasta analizan una posible baja de edad para votar, que podría ubicarse en los 13 años. No insistirán en cambio, para garantizar que avance el proyecto, con el sistema de circunscripciones, que contemplaba la primera versión de la ley ómnibus y que generó amplias resistencias.
Para que los cambios que buscan introducir se puedan implementar en las elecciones legislativas de 2025, deberían tratarse y aprobarse antes de diciembre, ya que al año próximo haber elecciones no hay margen para discutir temas electorales en el Congreso. Por eso el interés de la Casa Rosada en presentarlo a más tardar en agosto y avanzar con el tema.
El eventual cambio en la edad de votación está en estudio en las filas libertarias, y aunque adelantan que el tema “aún está verde” reconocen que creen que “la edad de votación debería estar, por lógica, a la misma que la de imputabilidad”. Precisamente este viernes el gobierno presentó su proyecto para bajarla de 16 a 13 años, en una propuesta que ya adelanta polémicas. “Lo razonable sería que estén equiparadas”, sostienen sobre la idea en evaluación.
La idea que analizan contempla que el voto a esa edad “no sea obligatorio”, como hoy no lo es entre los 16 y los 18. “Lo obligatorio tampoco va con nuestra ideología”, argumentan en Gobierno. En tanto que respecto a la posible posición que tome la oposición no dialoguista respecto del tema, en Balcarce 50 sostienen, con cierto dejo de ironía, que “la dirigencia no debería oponerse porque siempre hablan de ampliar derechos y esto sería precisamente eso”.
Tras lo que agregan que creen que puede haber “prejuicios” respecto de que un incremento del voto joven podría beneficiar electoralmente a La Libertad Avanza, que tiene apoyo de ese sector, aunque aseguran creer que eso “no estamos seguros que necesariamente sea así”.
El capítulo de la reforma electoral estaba incluido en la primera versión de la Ley de Bases, pero terminó siendo eliminado por las negociaciones con la oposición. Uno de los temas más sensibles que incluía y más resistencias mostraba por parte de ese sector era el de implementar un “sistema de circunscripciones uninominales”, lo que implicaba que cada elector votaría solamente por una lista integrada por un candidato titular y un candidato suplente en cada distrito, un intento por generar cercanía y familiaridad con los postulantes.
Este punto despertó resistencias por los números de representantes que le tocarían a cada provincia, por lo que se descarta que se vuelva a incluir, para no entorpecer u obstaculizar el avance del resto de la reforma a la que aspiran.
Respecto de la eliminación de las PASO, en el Gobierno aseguran que van a promoverla porque consideran que “el Estado no tiene nada que hacer dirimiendo dentro de los partidos políticos porque son entidades civiles que no deben ser sustentadas con fondos del Estado”.
Al argumento ideológico se le suma el del alto costo que insumen: en las elecciones generales de 2023 fueron de más de 9200 millones de pesos. Por lo que, de aprobarse el cambio, habría dos comicios en las presidenciales (primera y segunda vuelta) y una sola en las instancias legislativas, como la del año próximo.
El otro punto sobre el apuntan a trabajar es la posibilidad de incluir “listas abiertas”, lo que a su vez va atado a la posibilidad de incorporar la implementación de la Boleta Única, otro de los cambios que contemplaba la primera versión de la reforma.
La lista abierta implica que se pueden elegir por distintos candidatos pudiendo ser estos de diferentes partidos. “Las listas abiertas le dan más libertad a la gente para elegir”, dicen y reivindican en las filas libertarias.
El otro tema que está en estudio es el de incluir modificaciones en el sistema de financiamiento de los partidos políticos, un área oscura y sensible y que en el Gobierno descuentan que podría traer ruido, “porque todos sabemos cómo se viene financiando la política”, dicen.
Aunque no hay mayores precisiones sobre cómo puede terminar quedando este aspecto, de ser incluido, la versión anterior contemplaba la eliminación del tope máximo de donaciones por persona y empresas a un partido o candidato para la campaña electoral, y para el funcionamiento institucional partidario.
Y también buscaba derogar, entre otros, el artículo que actualmente limita los aportes privados de campaña por persona física o jurídica que puede recibir cada agrupación.
El encargado de trabajar en el diseño de reforma electoral, que se da en la planta baja de Casa Rosada, donde están las oficinas de Interior, bajo la órbita del jefe de ministros, Guillermo Francos, es su segundo en el área, Lisandro Catalán, quien lleva adelante la nueva propuesta.
De perfil bajo y buen diálogo con los gobernadores y jefes de bloques de los diferentes partidos, Catalán mantiene un diálogo permanente y escucha sugerencias del asesor presidencial, Santiago Caputo, quien también había intervenido con aportes en la primera versión de la reforma electoral, que finalmente fue excluida de la ley ómnibus.
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