El Gobierno incluirá una dotación adicional de 200 millones de euros al Plan Moves III de ayudas a la compra de vehículos electrificados para cubrir la demanda prevista en los próximos meses. Según ha publicado este jueves el BOE, el Ejecutivo defiende la ampliación del plazo de este programa para evitar la incertidumbre en torno a esta iniciativa y prevenir una “paralización del despliegue de la movilidad eléctrica”.
Ante el interés observado en el Moves III, “resulta imprescindible seguir apoyando el impulso de la movilidad eléctrica”. Los 200 millones de euros que se añadirán en el Moves III se incluyen en los fondos ya habilitados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y serán transferidos al Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
La dotación inicial del programa fue de 400 millones de euros, pero ante el gran número de solicitudes, se hicieron dos ampliaciones presupuestarias que lo elevaron hasta los 1.200 millones. Gracias al éxito del programa, el Gobierno decidió ampliar su duración hasta el próximo 31 de julio, cuando inicialmente sólo iba a estar vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.
En lo referente a los puntos de recarga
Asimismo, la norma recogida en este último BOE establece un mandato a Red Eléctrica para la puesta en marcha de un sistema de información dinámica de puntos de recarga. En este sentido, es necesario recordar que la regulación española ya contiene las disposiciones necesarias para informar de la infraestructura de puntos de recarga de acceso público para vehículos eléctricos. Sin embargo, “surge ahora la necesidad urgente de adecuar los procedimientos existentes para la obtención de la información de carácter dinámico de estas infraestructuras”, unos datos que son necesarios para advertir a los consumidores sobre los precios y disponibilidad para la carga de los vehículos eléctricos en tiempo real.
Cómo evitar “efectos perniciosos” en la demanda
El real decreto-ley también incorpora los cambios en el Impuesto de Sociedades para promover la inversión en nuevos vehículos eléctricos que anunció la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, Montero avanzó que se establecería la libre amortización de esta prestación patrimonial para las inversiones efectuadas en 2024 -en el primero y segundo semestre- y en 2025 en nuevos eléctricos e infraestructuras, además de aplicarse también a los autónomos que tributasen por el IRPF.
La urgencia de esta iniciativa, dice el BOE, responde a la “necesidad de seguir incentivando la movilidad eléctrica”, de cara a cumplir con los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) y evitar el “decaimiento en las tendencias de los agentes involucrados”.
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