Uno de los puntos que más ha generado debate frente a la discusión del proyecto de reforma pensional tiene que ver con su costo fiscal, dado que se crean nuevos subsidios y todos los trabajadores quedarán a cargo del Estado. Ello implica nuevas acreencias para las finanzas públicas, las cuales no habían sido reveladas por el Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta los cambios que ha tenido la iniciativa.

Antes de iniciar el cuarto y último debate del proyecto de ley, la cartera que dirige Ricardo Bonilla informó que las disposiciones que propone la reforma al sistema de protección integral para la vejez implicarían un incremento del costo fiscal en Valor Presente Neto (VPN) a 2070 de 5,5 puntos porcentuales del PIB.

Hoy, un punto del PIB equivale a unos 16,7 billones de pesos, lo que implica que 5,5 puntos serían unos 92,3 billones de pesos de 2024.

Sin embargo, esa proyección se hace teniendo en cuenta solo el costo adicional que implicará la creación del pilar solidario, que es el destinado a los adultos mayores que no pudieron ahorrar nada para su vejez y a quienes se les darían un subsidio mensual equivalente a la línea de pobreza (hoy 223.000 pesos) y que es un gasto que quedaría a cargo del Estado. Los otros pilares (semicontributivo y contributivo) se nutrirían de las cotizaciones de los trabajadores, así como de lo que se guarde en el nuevo fondo de ahorro que planea la reforma.

El lío estaría del año 2067 en adelante, cuando se estima que se acabarían los recursos que se ahorren en el nuevo fondo, momento a partir del cual el impacto fiscal â€œse vuelve súbitamente mayor como resultado de la necesidad de cumplir con las obligaciones pensionales a partir de aquel año”, admite el documento del Ministerio de Hacienda dirigido al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

De esta manera, el costo fiscal subiría al año 2100 de un VPN de 87,67% del PIB si no se hace reforma a uno de 121,13 % con la aplicación del nuevo sistema. Tan solo para los pilares semicontributivo y contributivo se proyectan ingresos de 96,31 % del PIB y gastos por 199,42 % lo que implica un faltante 103,12% del PIB, es decir, un hueco que supera todo lo que produce el país en un año.

En Hacienda aclaran, sin embargo, que ese elevado costo fiscal se da bajo el supuesto extremo de que no se realiza en el futuro ninguna reforma paramétrica, es decir, una que suba la edad, las semanas de cotización o el aporte mensual y ese precisamente ha sido uno de los caballitos de batalla de los opositores de la reforma, quienes piden que esos ajustes paramétricos se hagan de una vez y que no se espere el futuro para realizarlos cuando la bomba pensional sea mayor.

No obstante, la cartera de las finanzas públicas insiste en que la implementación de la propuesta de reforma “implicaría un impacto fiscal neto que se acoge a las posibilidades financieras de la Nación en el marco de las restricciones fiscales actuales y proyectadas”, es decir, que sí sería financiable.

En particular señala que el pilar solidario en el corto plazo (cuyo costo se sube de 6,74 puntos del PIB sin reforma a 20 puntos hasta 20270) tiene altísimos beneficios sociales y puede financiarse con las proyecciones de ingresos tributarios de la Nación. Es pilar solidario será el que remplace al actual programa de Colombia Mayor.

Reiteran que “todas las consideraciones incluidas son fiscalmente factibles manteniendo la sostenibilidad del sistema de protección a la vejez y de las finanzas públicas en el largo plazo … y el estricto cumplimiento de la regla fiscal”.

Otras cuentas

El mismo día en que el Ministerio de Hacienda hizo público el impacto de la última ponencia de la reforma pensional, el Comité Autonómo de Regla Fiscal (Carf), entidad encargada de vigilar el buen manejo de las finanzas públicas, realizó sus cuentas y concluyó que el pilar solidario tendría un costo anual equivalente a 0,3 % del producto interno bruto (PIB), unos 5 billones de pesos.

En cuanto al pilar semicontributivo, esquema dirigido para el que cotizó algo, pero no le alcanzó para obtener una pensión mínima, el costo sería de 0,2 % del PIB en 2025, primer año de aplicación de la reforma pensional, y aumentaría a 0,3 % en 2036, a medida que va creciendo la edad de las personas beneficiarias. Posteriormente, este costo subiría lentamente, hasta 0,8 % del PIB en 2065.

Finalmente, en el pilar contributivo, que abarcará a todos los trabajadores coticen hasta 2,3 salarios mínimos, el gasto en pensiones a cargo de Colpensiones aumentarían del 3 % del PIB en 2025 al 4,9 % del PIB en 2065, según los cálculos de la CARF.