El Ministerio de Hacienda entregó concepto fiscal favorable a la ponencia de la reforma pensional que continúa debatiéndose en plenaria de Cámara de Representantes, en lo que será su paso definitivo antes de llegar a conciliación y posterior sanción presidencial, de no ocurrir nada extraordinario.

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El aval firmado por el viceministro de Hacienda, Diego Guevara, destaca que todo el articulado cumple con las perspectivas financieras y que las mismas están en línea con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

“Todas las consideraciones incluidas son fiscalmente factibles manteniendo la sostenibilidad del sistema de protección a la vejez y de las finanzas públicas en el largo plazo, de modo que pueden incorporarse en la planeación financiera del Gobierno nacional en línea con las restricciones presentadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Marco de Gasto de Mediano Plazo y en estricto cumplimiento de la regla fiscal”, señala el concepto.

Dentro del texto presentado, asegura que la implementación de la reforma pensional está dentro de las posibilidades financieras del Estado, a pesar de las restricciones actuales, y aunque hay un considerable impacto, sobre todo por el pilar solidario en el corto plazo, son más los beneficios sociales.

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“El impacto fiscal ocasionado por el pilar solidario en el corto plazo, considerando además sus altísimos beneficios sociales y la forma en la que desarrolla los postulados del Estado Social de Derecho, puede financiarse con las proyecciones de ingresos tributarios de la Nación”, reseña el aval.

El Carf aún tiene dudas

El martes también se pronunció el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que en un comunicado describió algunas consideraciones sobre el proyecto de ley.

Sobre el pilar contributivo, dijo, por ejemplo, que las necesidades de Colpensiones para el pago de mesadas y devoluciones aumentarían del 3% del PIB en 2025 al 4,9% del PIB en 2065.

Agregó que “debido a las mayores necesidades, y en vista de que los ingresos a Colpensiones se mantienen relativamente constantes, una vez se agote el Fondo de Ahorro, la Nación le deberá hacer una transferencia anual mayor en alrededor de 2,5% del PIB a Colpensiones (pasa de 1,3% del PIB en 2025 a 3,8% del PIB en 2063)”.

Para el Carf, el texto no provee suficiente claridad sobre el esquema de administración y gestión profesional de los recursos del Fondo de Ahorro y sus objetivos para maximizar la rentabilidad del portafolio a su cargo.