El ministro de Justicia, Luis Cordero, se presentó en la sesión para defender la reforma a la normativa, la que fue rechazada.
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La Cámara de Diputados protagonizó este martes una tensa sesión donde se discutió y votó el fortalecimiento a la ley N° 20.609, también conocida como “Ley Zamudio”, que establece medidas contra la discriminación, el que finalmente fue
rechazado por 69 votos en contra, 63 a favor y 13 abstenciones.
El texto, que cuenta con el patrocinio del Gobierno y que ahora pasó a comisión mixta, busca “fortalecer la prevención de la discriminación y promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad“.
Desde Chile Vamos se refutó que sus normas limitan la libertad de opinión y que se invierta la carga de la prueba y se sancione la omisión. El sector además afirmó que es un proyecto totalitario, ideológico y que destruye la seguridad jurídica. En Demócratas valoraron el proyecto, pero votaron en contra argumentando que hay materias que mejorar.
En la sesión, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, planteó que “en los debates de leyes de antidiscriminación o similares, hay posiciones legítimas, no en el sentido de que se legitime la discriminación, sino de qué actos pueden constituir la discriminación”.
El ministro hizo notar que durante la sesión hubo múltiples reservas de constitucionalidad, y afirmó que aquello “no es distinto de lo que ha ocurrido en distintos proyectos de ley desde la década de los ’90, cada vez que la política públicas trata de afirmar cuestiones de inclusión y no discriminación”. Asimismo, cuestionó que “se suelen ocupar los mismos argumentos“, como “la libertad de expresión, que afecta el rol de los padres y la educación preferente”.
Los dichos del ministro apuntaban esencialmente a los argumentos que habían plantado los parlamentarios de oposición a inicio del debate, entre ellas, el diputado Cristóbal Urruticoechea (Republicanos), quien acusó que “la izquierda siempre necesita crear conflictos y relatos afines a sus causas, y para eso, necesita crear nuevos derechos, los neoderechos”.
Añadió que “este proyecto es una bandera de lucha de colectivos feministas y homosexuales. Si ese sector ínfimo de la población tiene una tendencia en desacuerdo con su naturaleza biológica, por supuesto que hay que respetar el desvío ajeno, pero no tiene por qué ser obligación aplaudirlos o decirle a nuestros hijos que existen más de dos tipos de sexos”.
La votación ya se avizoraba compleja. En la antesala, la diputada Emilia Schneider (CS), había acusado a través de su cuenta de X que “la DC va a rechazar mejorar la Ley Anti Discriminación. ¿Cómo es posible que por una rencilla con el Gobierno le den la espalda a la ciudadanía? Aún queda tiempo y espero no se alineen con los conservadores de siempre, que se oponen a los derechos y libertades de la mayoría”.
Lo anterior, en relación al debate valórico que se abrió en la oposición y en la DC, luego que el Presidente Gabriel Boric anunciara en su cuenta pública que pondría urgencia al proyecto de eutanasia y que enviará el segundo semestre un proyecto para el aborto.
El diputado Álvaro Carter (UDI), que estuvo entre quienes rechazaron la iniciativa, se mostró satisfecho con el resultado, afirmando que con ella “el Frente Amplio y el PC pretendían modificar la Ley Zamudio para transformarse en policías de la moral y criminalizar a quienes no piensan como ellos”.
Enmiendas que contenía el proyecto
La enmienda proponía una nueva definición de sus propósitos y definiciones. Así, se establecía que sus objetivos principales eran erradicar, prevenir, sancionar y reparar toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona o grupo de personas.
También, busca promover el principio de igualdad y no discriminación arbitraria. Asimismo, instauraba un procedimiento judicial especial y rápido que buscaba restablecer eficazmente el imperio del derecho cada vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria.
La iniciativa redefinía, igualmente, el concepto de discriminación arbitraria, ampliando el listado de motivaciones que pudieran sustentarla. Junto a esto, definía tres categorías de discriminación, especificaba procedimientos y sanciones y la creaba el Consejo de Igualdad y No Discriminación Arbitraria.
