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Una hoja arrugada, con dos párrafos y abarrotada de firmas definió el futuro de por lo menos 26 millones de colombianos afiliados al Sistema General de Pensiones. Allí se estableció que la Cámara de Representantes acogería el texto de reforma pensional aprobado en el Senado, con todo y sus “micos”, para rediseñar el sistema que ha regido por 30 años.
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La “jugadita” impulsada por la bancada de Gobierno Petro dejó dudas sobre si la reforma será viable. Antes de julio de 2025, cuando empiece a regir y envíe 19 millones de afiliados más a Colpensiones, el proyecto enfrentará demandas por inconstitucionalidad y deberá resolverse qué pasará con artículos que el Senado dejó pasar y costarían billones.
Uno de los que salió al paso fue el magistrado del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, quien evocó un fallo de la Corte Constitucional (C-074-21), que declara inexequible un proyecto de ley aprobado por la Cámara, acogiendo el texto del Senado.
“Dice la Corte: ‘No conocer de manera suficiente lo que se aprueba, o negar la posibilidad de proponer, debatir o ajustar, constituye una abdicación de las responsabilidades que a ese órgano le confió la Constitución’”, precisó Lorduy sobre el fallo.
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En ese papel arrugado, mencionado al principio, los representantes firmantes dicen haber conocido en profundidad y con el debido tiempo el texto de reforma aprobado en Senado, con lo que de alguna forma buscan curarse en salud. Incluso indican haber cumplido con los estándares exigidos por la Corte Constitucional.
Cualquiera que sea el caso, la disputa que se avecina marcará un precedente en el país. El Centro Democrático ya prepara su artillería legal para tumbar la iniciativa. “Vamos a demandar la reforma pensional por inconstitucional y violatoria del ejercicio bicameral del Congreso. No permitiremos que a punta de trampas expropien los ahorros de millones de colombianos”, afirmó el senador Miguel Uribe.
Por ahora el Gobierno festeja su victoria, que le significa una bocanada de aire en medio de los escándalos de los últimos meses y el fallido paso por el Legislativo de otros proyectos de reforma. “El país hoy tiene la reforma más importante de las últimas décadas en materia social”, celebró el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
¿Y los “micos”?
Por si faltara un toque de incertidumbre, el rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, recordó que al haberse acogido el texto del Senado, también revivió el “mico” del impuesto a las pensiones. Y lo mismo pasa con el artículo que haría que indígenas, afros y campesinos se pensionen a una edad menor.
Se refiere a que en Senado se aprobó —en el artículo 84— que “todas las pensiones, incluyendo las que perciban los residentes colombianos provenientes del exterior, estarán exentas del impuesto sobre la renta. Estarán gravadas solo en la parte que exceda de 1.000 (mil UVT)”.
El lío es que esta última parte deja la puerta abierta para que las 1.000 UVT sean anuales. Es decir, que se graven las pensiones de más de $47 millones al año ($3,9 millones al mes). Ya en Cámara se había resuelto el problema aclarando que serían las pensiones de más de $47 millones al mes, pero ese ajuste no verá luz.
Sobre el trato diferencial a comunidades indígenas, negras o campesinas, hay que decir que fue una proposición que ingresó a última hora en el Senado y quedó consignada en el artículo 93; establece que el Dane deberá calcular la diferencia en la esperanza de vida entre estos grupos y los demás colombianos, y con base en ello el MinTrabajo determinará las semanas y años de menos con los que se pensionarán y accederán a los beneficios del sistema.
“Este artículo en la reforma potencialmente crea un sistema pensional diferente para 41% de los colombianos. Un sistema sin claridad en parámetros y costos. Sabemos que hay comunidades rezagadas y con retos enormes. No obstante, una discusión de tanta importancia no se puede improvisar”, manifestó en su momento el presidente de Anif, José Ignacio López.
Colpensiones y Banrep dudan
La otra “pata floja” de la reforma es el rol que cumplirán Colpensiones y el Banco de la República. El primero deja dudas porque recibirá de facto a 19 millones de personas y sus trabajadores admiten no estar preparados, mientras que el Banrep no tiene totalmente claro su rol como administrador del Fondo de Pensiones que se creará.
Justo esta semana William Rodríguez, presidente de Sintracolpen, uno de los sindicatos más importantes de Colpensiones, dejó un mensaje inquietante: “Queremos, como trabajadores, hacer un llamado a todos los colombianos: como trabajadores somos la mina de oro que puede resolver la reforma pensional (…) pero actualmente no estamos preparados”.
Ejemplificó que para poder atender a los cerca de 26 millones de afiliados que tendrá ahora Colpensiones (con afiliados actuales y los que llegarán), el personal tendría, por lo menos, que duplicarse.
Agregó que “actualmente presentamos problemas tecnológicos, que radican en gestores documentales y aplicativos de reconocimiento, que con las caídas masivas generan retrasos en las respuestas a los ciudadanos”.
También cuestionó la llegada de personal poco calificado. “Hay falencias en los procesos de selección, llegan las personas a los cargos y no saben nada o no tienen conocimiento (…) nos preocupa que Colpensiones se convierta en un fortín político de algún partido, porque sí o sí es una entidad técnica”.
Por su lado, el Banco de la República pide que se delimite su labor de la de Colpensiones. “Debe ser claro que en el Componente de Prima Media del Pilar Contributivo las responsabilidades de financiar las pensiones y cubrir cualquier riesgo contingente son de Colpensiones y del Gobierno Nacional y no del administrador del Fondo”.
También resaltó la importancia de la independencia. “Para cumplir con su finalidad como administrador del Fondo, el Banrepública debe tener independencia operativa. Esto implica, entre otros, independencia para seleccionar los vehículos a través de los cuales se administrarán los recursos y se materializarán las decisiones de inversión, libertad en la elección de quienes participarán en la gestión del portafolio y demás asuntos técnicos y operativos requeridos para su gestión”.
El pronunciamiento, firmado por el gerente del Emisor, Leonardo Villar, fue incisivo en que los artículos de la reforma que se refieren al Fondo requerían mayor claridad sobre los roles y responsabilidades de los órganos de gobierno del Fondo y de su administrador, y los lineamientos de administración y de inversión. No obstante, en Cámara se pasaron por alto esos llamados.
Dudas sobre la sostenibilidad
Aun si la reforma ve luz en la Corte, está por verse su viabilidad. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, admitió que está pensada para los próximos 40 años, pero se debería revisar dentro de 15 años.
“Esto lo hemos tomado de experiencias internacionales, de otros países que ya han vivido el proceso demográfico, que es por ejemplo Japón, Alemania, Francia, ellos lo solucionaron a través de los migrantes, digamos en términos generales. Aquí lo que decimos es que en Colombia, en los estudios, tenemos hasta 15 años para hacer una reforma paramétrica que permita que efectivamente se den los ajustes demográficos”, manifestó la ministra.
Entre tanto, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) alertó que la reforma generaría un aumento en los gastos y desembolsos del Estado hacia Colpensiones, pero sin aumento en los ingresos por cotizaciones.
El Carf estima que habrá un incremento del costo del pilar contributivo, ya que la reforma introduce elementos nuevos como la prestación anticipada, menores requisitos de pensión para mujeres, y la posibilidad de trasladarse del régimen de ahorro individual a cargo de los fondos privados de pensión al régimen de prima media a cargo de Colpensiones a menos de 10 años para pensionarse.
En el aval fiscal a la reforma pensional, el Ministerio de Hacienda vaticinó que implementarla tendría un costo de $78,5 billones al 2070, mientras que al 2100 esta cifra podría subir a $500 billones.
Para José Manuel Restrepo, de EIA, al final, lo positivo de la reforma es que incluye un beneficio solidario para 3 millones de adultos mayores que no tienen la posibilidad de pensionarse, que se elimina la competencia entre Colpensiones y los fondos privados y que se acaban las megapensiones.
Pero lo negativo, continuó, es el diseño del régimen que cubrirá a las personas que han cotizado, pero no alcanzaron a pensionarse. “Si usted ha cotizado entre 300 y 1.000 semanas, a partir de la nueva norma no recibirá ni los intereses ni los ahorros que ha realizado, simplemente recibirá un valor muy pequeño después de que termine su carrera productiva”.
Para Restrepo, el mecanismo para definir la cotización en Colpensiones sobre 2,3 salarios mínimos fue antitécnico y parece más un consenso entre lo que querían Gobierno y oposición. También cuestionó que se elimina la posibilidad de elegir dónde cotizar y que en 2065 se acabará el ahorro y se aumentará el pasivo pensional, una mala noticia para los jóvenes de hoy.
La reforma pensional empezará a regir en julio del 2025 e incluirá un sistema de pilares. El pilar contributivo, donde estarán las personas que cotizan al sistema; el pilar semicontributivo, diseñado para quienes tienen semanas aportadas, pero no les alcanzó para jubilarse; y el pilar solidario, que establece una renta mensual para adultos mayores en condición de pobreza.
Los efectos de este proyecto cubrirán a todos los colombianos, excepto a los hombres que ya tengan 900 semanas cotizadas, y las mujeres con 750 semanas cotizadas, quienes harán parte del régimen de transición y seguirán cubiertos por lo establecido en el esquema actual.
El corazón de la iniciativa es el pilar contributivo. Básicamente, todas las cotizaciones por hasta 2,3 salarios mínimos pasarán automáticamente a Colpensiones. Es por eso que se dice que todos cotizaremos allí. No obstante, si usted gana más de 2,3 salarios mínimos, el excedente de la cotización irá a un fondo privado.
El encargado de administrar los recursos será el Fondo de Ahorro que se creará, y estará encabezado por el Banco de la República. Además, en el momento de la jubilación la persona recibirá una mesada unificada entre lo ahorrado en Colpensiones y el fondo privado —de ser el caso—.
Sobre los requisitos, se establece que los hombres necesitarán tener al menos 1.300 semanas cotizadas y 62 años de edad, mientras que para las mujeres se requerirán 57 años y a partir del 2025 las semanas mínimas disminuirán gradualmente de 1.275, a 1.000 en el año 2036.
Entre tanto, en el pilar solidario se establece que aquellos que estén en condiciones de pobreza extrema o vulnerabilidad y hayan llegado a los 65 años, en el caso de los hombres, o 60, en el de las mujeres, y no tengan pensión, podrán acceder a una renta básica similar a la que otorga Colombia Mayor, que a precios de hoy serían $223.000.
Para el pilar semicontributivo se definió que hombres mayores de 65 y mujeres mayores de 60 que hayan cotizado entre 300 y 1.000 semanas, tendrán una renta vitalicia que resulte de la suma de sus aportes traídos al valor presente (es decir, actualizados por la inflación).
De acuerdo con datos de la Superintendencia Financiera, al cierre de abril había 19,1 millones de afiliados a los fondos privados de pensiones, y 6,8 millones a Colpensiones. Hasta ese mes reportó 2 millones de pensionados, 1,68 millones en el régimen público y 332 mil en los fondos.
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