Este martes se reúne la Junta de Fiscales de Sala con un asunto que ha generado mucha controversia jurídica, que enfrenta el criterio del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y el de los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que investigan el procés del 1 de octubre del año 2017.
Ortiz ha ordenado a los fiscales que amnistíen a todos los implicados en el proceso separatista. Sin embargo, los cuatro fiscales, que acumulan más de 40 años en la carrera fiscal, han reprochado el documento emitido por Ortiz, asegurando que es “improcedente” y que no se ajusta a los criterios elementales de “lógica jurídica” y “legalidad penal”.
Cristina Dexeus es presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, y este domingo en ‘La Mañana de Fin de Semana’ ha apuntado que si bien es cierto que están “sometidos a un principio de jerarquía”, ha admitido que siempre hay que velar “por el principio de legalidad”. Por lo tanto, y en el caso de que exista un caso de controversia entre un fiscal y el superior a la hora de aplicar la ley, como es el caso, “se considera que tiene que informar que su superior le ha dado una orden que no es ajustada a la legalidad o no es procedente”.
Básicamente lo que hace, ha explicado, “es oponerse a ella” y solicitar que se dé esta orden al superior por escrito. “En su caso, si no hay avenencia, hay que acudir a la Junta de Fiscales. En este caso, como quien da la orden es el Fiscal General del Estado, la Junta que debe reunirse es la de máxima categoría dentro de la carrera fiscal, que es la Junta de Fiscales de Sala para que debata la cuestión”, que es lo que se prevé que ocurra este martes.
El Fiscal General impondrá su criterio en la Junta de Fiscales de Sala
Aun así, Dexeus ha pedido esperar. “Hay que dejar que transcurran los acontecimientos”, ha apuntado. Ahora bien, ¿cabría algún tipo de resquicio legal para que estos cuatro fiscales puedan rebatir la orden de García Ortiz? La presidenta de la AF ha lamentado que ya no. “En ese momento, el Fiscal General dará la orden de que asuma el asunto otro compañero, el que designe, y a partir de aquí el que ha designado, se remitirá a la orden del Fiscal General del Estado”.
Así las cosas, Cristina Dexeus ha señalado que el debate en torno a la amnistía “es tremendamente complicado y profundo”, pero ha apuntado a un frente “que sobresale” y que es precisamente “uno de los motivos de controversia entre lo que defiende el Fiscal General del Estado y lo que defienden los cuatro fiscales del Supremo” y es básicamente si la malversación es amnistiable, como sostiene García Ortiz, o no lo es, como defienden los fiscales del Alto Tribunal.
“Yo creo que más allá de lo que pueda ser en sí el trasfondo y la motivación de la ley de amnistía, quizás el punto nuclear de debate sea, precisamente, el tema del delito de malversación de caudales públicos, que ya fue reformado con posterioridad la condena del procés del Tribunal Supremo para intentar modificar un poco el resultado de esa condena”, ha subrayado Dexeus.
Los cuatro fiscales sostienen que la malversación “no es amnistiable”, pese a la reforma del año 2022 y que, además, “siguen el criterio indicado ya en el Supremo cuando se revisaron las condenas a raíz de esa reforma, y es que no es amnistiable”.
Finalmente, considera que “la valoración que deben de hacer los compañeros de la Junta de Fiscales de sala ha de ser exquisita y muy precisa”. La Asociación de Fiscales, de hecho, “comparte plenamente” la posición de estos cuatro fiscales, y es que “no encaja dentro de la legalidad constitucional, ni dentro de los valores de la Unión esta ley”.
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