Ni siquiera el caos que se vive en el aeropuerto internacional Jorge Chávez desde la tarde del domingo debido a un problema en el sistema de luces de la pista y la mala respuesta de Corpac ha motivado una conferencia de prensa de la mandataria.

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La negativa de Boluarte a responder preguntas de los periodistas se repite cada vez que realiza una actividad pública. Este martes 4 de junio, la mandataria entregó la nueva infraestructura de la I.E. Unión Latinoamericana, en La Molina y antes de retirarse -rodeada de personal de su seguridad- dijo a la prensa que hará “un espacio para invitarlos a Palacio” para “conversar ampliamente”.

“Pronto, los números no cuentan”, se le escucha afirmar sobre los 60 días sin responder preguntas.

Esta situación fue más allá el viernes, horas después de que reporteros denunciaran que se les restringió el acceso en una actividad oficial, la jefa de Estado brindó un breve pronunciamiento a las afueras de Palacio para asegurar que su Gobierno “respeta la libertad de expresión”.

Asimismo, anunció que el Ministerio de Defensa tomará acciones correctivas frente a la ocurrido en el evento.

Luego dio media vuelta y se retiró sin contestar las interrogantes de los periodistas. La última vez que atendió las consultas fue el pasado 5 de abril, el día que admitió que recibió relojes Rolex de su ‘wayki’, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

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Desde que cayó en contradicciones por la posesión de relojes y otras joyas que le entregó el gobernador Oscorima, Boluarte ha eludido las preguntas de la prensa.

Tampoco ha respondido por los 12 días que no registra actividades oficiales en el 2023. Aunque convoca a los medios de comunicación a algunas de sus ceremonias, no permite que los reporteros se le acerquen.

Como se sabe, Boluarte es investigada por el Ministerio Público por el Caso Rolex y el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional contra ella. La acusa de supuestamente haber cometido el delito de cohecho pasivo impropio.

La última vez que Boluarte accedió a contestar a los medios de comunicación fue el 5 de abril, luego de haber acudido a una diligencia ante el Ministerio Público en el marco de referida investigación. Estaba flanqueada por sus abogados, uno de ellos Mateo Castañeda, quien abandonó su defensa semanas después tras ser implicado en el Caso ‘Los Waykis en las sombras’.

Ese día, la mandataria expresó su fastidio por los reportajes que dieron a conocer el Caso Rolex y se incomodó por preguntas de los periodistas e incluso calificó una de “tendenciosa”.

Antes de optar por el silencio, Boluarte ya mantenía una relación distante con la prensa. Las pocas veces que se animaba a responder era - mayormente - para salir en defensa de su hermano, sobre quien pesan serias denuncias y también es investigado por ‘Los Waykis en las sombras”.

Por ejemplo, en enero, arremetió contra América Televisión y el programa dominical Cuarto Poder. “Desde el inicio del Gobierno no nos han soltado. Yo más bien diría a América Televisión y Cuarto Poder que muestren las pruebas sobre la difamación que están programáticamente hablando sobre mi hermano”, expresó.

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En mayo, días previos a cumplir un mes sin responder a los medios de comunicación, Palacio presentó a Fredy Hinojosa como vocero de la Presidencia de la República. Asumía el cargo en un contexto de alta desaprobación a Boluarte (7% en abril, según Datum), que persiste hasta el día de hoy.

Hinojosa fue nombrado vocero oficial de la presidencia, pese a que el artículo 123 de la Constitución señala que el portavoz autorizado del gobierno es el primer ministro, cargo que actualmente ocupa Gustavo Adrianzén.

El vocero no hace más que sortear las preguntas de los medios de comunicación o salir en defensa de la presidenta. En una entrevista con El Comercio, publicada el sábado 25 de mayo, Hinojosa minimizó el silencio que guarda Boluarte y agregó que ella tiene diálogos directos con la ciudadanía.

La actitud hostil de la mandataria contra los medios de prensa se agudizó el último viernes en el Simulador Nacional Multipeligro cuando restringió el acceso a los reporteros a los espacios en los que dio declaraciones. Su personal de seguridad solo permitió el pase de los fotógrafos y camarógrafos, quienes no pudieron formularle ninguna consulta.

Periodistas que estuvieron presentes en la actividad oficial narraron a El Comercio que la animadversión hacia los reporteros comenzó cuando la jefa de Estado estaba por llegar al evento.

Una reportera de televisión, que prefirió mantener su nombre en reserva, detalló que, tras el simulacro, realizado en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en Chorrillos, la presidenta “subió a la sala de crisis” y que personal no permitió el ingreso de los comunicadores, “aparentemente para que ella no responda preguntas”.

“Personal de Palacio nos dice que el jefe de Indeci [Instituto Nacional de Defensa Civil] iba a declarar en el COEN. Ello con la finalidad de distraernos y que la presidenta se fuera sin que nos diéramos cuenta”, aseveró.

“Nadie se quiso mover y dos miembros de seguridad de la presidenta se pusieron en la puerta para no dejarnos salir y no nos dejaron salir hasta que se fue la presidenta y todos los ministros prácticamente subieron corriendo a sus carros [...] No recuerdo en mi vida de reportera que nos hayan puesto así como hámster, irónicamente, en el lugar más seguro del país”.

Una versión similar dio el reportero de ATV Igor Malca. “Hubo gestos que llamaron la atención, en un momento los agentes de seguridad se pusieron detrás de las ventanas [...] Nos querían convencer a irnos a cubrir unas declaraciones, que supongo que no eran politicas. Obviamente, nosotros estábamos ahí por las declaraciones de Dina Boluarte y Gustavo Adrianzén”, contó.

“[Boluarte] se perdió la oportunidad de hablar sobre el simulacro. Hubo un silencio sísmico. En el 70 hubo 70 mil muertos, el Perú es vulnerable a muchas cosas y ni siquiera por eso se pronunció. Tampoco declaró Adrianzén”, resaltó el reportero.

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En tanto, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) condenaron las restricciones que aplicó el Gobierno a la labor de los periodistas durante ela actividad.

En diálogo con este Diario, Zuliana Laynez, presidenta de la ANP, señaló que la organización “rechaza rotundamente esta actitud, que no es propia de la democracia”. “No puedes encerrar a un grupo de reporteras y reporteras ante un hecho de interés público. Es un simulacro del que precisamente tiene que tomar conocimiento la ciudadanía”.

“La presidenta hace 56 [hasta el viernes] que no declara. Una declaración no es una dádiva, es una obligación, una forma de mostrar transparencia. Condenamos lo ocurrido, es un maltrato a la prensa nacional”, remarcó.

En X (antes Twitter), la ANP detalló que el Ejecutivo desplegó más de 50 policías incluyendo agentes SUAT, para evitar que cualquier persona se acerque a Boluarte.

El IPYS, por su parte, difundió imágenes que mostraban cómo se impidió que los periodistas salieran hasta que la presidenta se retirara del lugar.

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Además del vocero presidencial, Boluarte cuenta con un Gabinete que siempre sale en su defensa. Entre sus principales escuderos están el premier Gustavo Adrianzén y los ministros Morgan Quero (Educación), Hania Pérez de Cuéllar (Vivienda), Eduardo Arana (Justicia) y Julio Demartini (Desarrollo e Inclusión Social).

El último viernes, tras la actividad en el COEN, consultado por el silencio de la presidenta, este último señaló: “El protagonismo debe estar en el mensaje del acto. Estoy absolutamente seguro de que se retomarán otros mecanismos de comunicación”.

Este anuncio lo hace desde el domingo 26 de mayo; sin embargo, no ha detallado cuáles son los mecanismos y si consisten en que la jefa de Estado dé una conferencia de prensa, entrevistas y responda a las interrogantes de los medios de comunicación.

De otro lado, el ministro Quero ha expresado que la presidenta ha sufrido un “acoso sistemático” con las diligencias, denuncias y el allanamiento a su domicilio.

“Yo creo que ha habido en las últimas semanas un acoso sistemático donde se han planteado sendas denuncias, a veces sin corroborar, detenciones arbitrarias por parte de la fiscalía y también un allanamiento que consideramos ha ido más allá a lo que corresponde a la alta investidura de la presidenta de la Nación”. Esta declaración corresponde al 30 de mayo.

Previamente, había dicho a este Diario “que hay varios elementos y evidencias que nos indican” que hay un complot para socavar el gobierno de Boluarte. “Hay que tener una reflexión sobre esas armas que están en el espacio público utilizándose en contra de los actores políticos”, señaló el pasado el 26 de mayo.

En esa entrevista también descartó ser un “escudero” de la jefa de Estado. “Es una impresión. Yo trato de plantear respuestas a las preguntas de los periodistas de manera sincera, con una perspectiva propia en relación a lo que significa este momento político tan complejo que vivimos todos los peruanos”, subrayó.

Se suma a la lista la ministra Pérez de Cuéllar. Por ejemplo, la semana pasada aseguró que la fiscalía lleva a cabo una “campaña sistemática de desestabilización” contra Boluarte.

Asimismo, apoyó que la presidenta haya guardado silencio ante el Ministerio Público en la investigación por el Caso Rolex.

“Yo no soy su abogado, pero lo que sí puedo decir es que si mi abogado me recomendara eso a mí, probablemente yo sí seguiría el consejo de mi abogado. Seguramente ella está siguiendo las recomendaciones de su abogado y además le asiste el derecho, no es que esté haciendo algo ilegal”, expresó.

La titular del sector Vivienda fue parte del grupo de ministros que salió al frente para defender a la presidenta cuando se dio a conocer el caso de los relojes de alta gama. Ella fue quien deslizó la posibilidad de que los artículos que lució la mandataria se trataran de réplicas y no de versiones originales de Rolex.

En tanto, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, se ha pronunciado en contra de denuncia constitucional que presentó el fiscal de la Nación contra la presidenta Boluarte. Señaló que el magistrado ha incurrido en una infracción constitucional al haber presentado la demanda, cuando no se trata de delitos estipulados en el 117 de la Constitución.

“Cuando un juez aplica indebidamente una ley o inaplica una ley indebidamente, prevarica. Y cuando un alto funcionario, en este caso el fiscal de la Nación, inaplica la Constitución, ene este caso lo que está haciendo es injuriando los parámetros, los principios de la Constitución. En este caso, está incurriendo en una infracción constitucional”, afirmó.

“Este hecho que vulnera el espíritu y los principios de protección a la institución presidencial, deben ser valorados en su oportunidad”, agregó.

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Los analistas políticos Arturo Maldonado y Kathy Zegarra señalaron que el silencio de la presidenta Boluarte revela la falta de capacidad para responder sobre los cuestionamientos que pensan en su contra.

Maldonado indicó que la jefa de Estado “lo único que hace” ante cualquier problema “es callar y evadir” para evitar exponerse a las preguntas, de la prensa. “Ella no se siente apta para enfrentar estos retos, ante esta situación opta por la salida más fácil que es callar o nombrar un vocero, que no se sabe exactamente cuál es su función y a ministros que en lugar de hablar de sus carteras, actuan de sus voceros, se tergiversa la función de sus ministros”, agregó.

A su juicio, los ministris “están haciendo un concurso de quién defiende mejor para ver quién tiene las posibilidades de reemplazar a Adrianzén, puede haber por ahí un cálculo”.

El especialista cuestionó también la figura del vocero y comparó la actitud de Boluarte con la de su antecesor Pedro Castillo y con Luis Castañeda Lossio, el fallecido exalcalde de Lima. “La [comparación] más cercana es con Castillo, que sabía que si salía a la prensa, se iba a notar su incapacidad y se notó en varias ocasiones esa falta de habilidad para encarar entrevistas, creo que Boluarte está más cercana a su compañero de plancha. La presidenta reconoce con su silencio que no es capaz de enfrentarse a la prensa frente a los cuestionamientos”, aseveró.

Finalmente, descató el silencio cómplice del Congreso, cuyo presidente, Alejandro Soto, quien tampoco declara desde hace varias semanas a la prensa.

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En tanto, Zegarra opinó que “un cargo tan importante, como la Presidencia, necesita priorizar la función de representación”.

“No se puede representar cuando no se habla con la gente [...] Esto afecta su imagen. Queda como una lideresa hermética. Ella no puede hablar con los millones de ciudadanos que somos y ahí entra la prensa, que canaliza las principales dudas que la ciudadanía tiene. Dudas, por ejemplo, como los Rolex o el tema de inseguridad de ciudadana u otros problemas”, apuntó.

Zegarra añadió que, además de representar, la mandataria debe “hacer rendición de cuentas” y no fortalecer “la opacidad”. “En términos de estrategia, esta falta de diálogo hace que ella no tenga el control de la narrativa. Es poco inteligente, aunque se entiende por la falta de capacidad que ella tiene para expresar mensajes claros”, concluyó.