Cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, además de un delito concursal.

Todos esos son los delitos que se le imputan al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), en el marco de una investigación por las operaciones de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), la cual presidía durante la pandemia por Covid-19.

Y este lunes, luego de tres extensas jornadas de formalización, la jueza Paulina Moya -del 3° Juzgado de Garantía de Santiago- decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el jefe comunal, considerando que su libertad representa un “peligro para la sociedad”.

Jadue se encuentra en su tercer periodo a cargo de la Municipalidad de Recoleta, y desde esta jornada deberá cumplir la medida cautelar decretada por el tribunal en la cárcel Capitán Yáber, en Santiago. Ahora, el alcalde deberá permanecer en el recinto penitenciario durante los 120 días que dure la investigación, aunque en ese periodo su defensa podrá presentar recursos de apelación o una revisión de cautelares.

Con ello, Jadue se sumó a un vasto grupo de jefes comunales y exediles que han sido formalizados por delitos de corrupción en los últimos meses. Aquí, algunos de ellos.

Desde junio de 2023 hasta febrero de este año, el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (ind.-exRN), cumplió ocho meses bajo prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, recinto donde Jadue deberá cumplir la misma cautelar.

El exmilitante de Renovación Nacional es acusado de 29 delitos de fraude al Fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos por el presunto desvío de $ 760 millones, según la Fiscalía, desde las arcas de las corporaciones municipales a su patrimonio personal.

Antes de que se revirtiera su prisión preventiva, tanto el 4° Juzgado de Garantía de Santiago como la Corte de Apelaciones de Santiago habían rechazado, en ocho ocasiones, cambiar la medida cautelar del otrora jefe comunal, reiterando los argumentos de peligro de fuga y por constituir un riesgo de peligro para la seguridad de la sociedad.

El pasado 14 de febrero, el tribunal accedió a dejarlo con arresto domiciliario total, luego de que la exautoridad reconociera los hechos y, además, realizara el pago de más de $220 millones.

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (ind.-UDI), no corrió la misma suerte que sus pares de Recoleta y Vitacura: el pasado 18 de enero, tras ser formalizada, se fijó su arresto domiciliario total y un plazo de 120 días para la investigación. El juez Hugo Salgado desestimó la prisión preventiva, considerando que la imputada tenía una irreprochable conducta anterior y que, pese a la gravedad de los ilícitos que se le atribuían, su libertad no implicaba un peligro para la sociedad.

Barriga es investigada por su presunta responsabilidad como autora -en grado de desarrollo consumado- de delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, ilícitos que habría cometido entre 2016 y 2021, mientras se desempeñó como jefa comunal en Maipú.

El viernes pasado, en el marco de una audiencia de revisión de medidas cautelares, el 9° Juzgado de Garantía de Santiago decidió mantener el arresto domiciliario total de Barriga y amplió en 60 días el plazo de la investigación que se desarrolla en su contra.

Ese mismo día, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente dio a conocer que la exalcaldesa incumplió, según los registros de Carabineros, en siete ocasiones su arresto, sin responder el teléfono a los funcionarios policiales que iban a fiscalizarla. Sin embargo, y pese a que la petición del Ministerio Público para dejarla en prisión preventiva, la Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo la medida cautelar originalmente dispuesta.

Su defensa justificó que su representada no contestó las fiscalizaciones dado que los funcionarios policiales fueron al domicilio de la exalcaldesa durante la madrugada, porque la llamaron desde un número desconocido y porque su hijo menor es TEA y ella duerme con él, lo que le impide mantener el teléfono con volumen durante las noches.

Al igual que Torrealba, el alcalde de San Ignacio -en la Región del Ñuble-, César Figueroa (ind.-exUDI), estuvo en prisión preventiva y luego fue liberado de esa medida cautelar para pasar a cumplir arresto domiciliario. Mientras tanto, asumió Patricio Suazo (RN) de manera suplente.

Figueroa está imputado por los delitos de cohecho, fraude al fisco, falsificación de instrumento público y malversación de caudales públicos, en el marco de la investigación del caso Cuentas Corrientes. Por lo anterior, la jueza Claudia Aguayo dictaminó -el 18 de abril del 2023- la medida cautelar más gravosa contemplada por el Código Penal, por considerar que la libertad del jefe comunal es un peligro para la seguridad de la sociedad.

No obstante, en diciembre del año pasado, tras pasar ocho meses tras las rejas, la Corte de Apelaciones de Chillán revocó su prisión preventiva, “considerando el tiempo transcurrido y la irreprochable conducta anterior del imputado”.

El pasado 10 de abril, la jueza Loreto Salas decretó la medida cautelar de prisión preventiva del alcalde de esa comuna, Juan Ramón Godoy (ind.-exPS). La persecutora indicó que accedió a la petición del Ministerio Público “en hipótesis de peligro para la seguridad de la sociedad y por resultar además indispensable para el éxito de la investigación”.

Durante su formalización se le acusó de los presuntos delitos de fraude al fisco, malversación de fondos públicos, cohecho y soborno, que habrían ocurrido durante su gestión entre los años 2021 y 2023.

Su defensa apeló a la medida cautelar. Sin embargo, el 15 de abril la Corte de Apelaciones rechazó el recurso y confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de Rancagua, utilizando los mismos argumentos que lo dejaron en prisión preventiva originalmente.

En su reemplazo, asumió Emerson Avendaño (ind.-FA) como alcalde suplente.

En noviembre del 2023, el entonces alcalde de Algarrobo -en la Región de Valparaíso-, José Luis Yáñez (expulsado de la UDI), quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos reiterados de malversación de caudales públicos y cohecho. La Fiscalía investiga transferencias fraudulentas que habría realizado la tesorera municipal, Belén Carrasco, y que llegarían a los $1.069.383.196.

Al igual que sus pares que también quedaron tras las rejas, la defensa de Yáñez apeló a la medida cautelar que recayó en su contra. No obstante, el pasado 3 de abril la Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó la prisión preventiva del exjefe comunal, quien terminó renunciando a su cargo. En su reemplazo, asumió Marco Antonio González (RN).

El tribunal de alzada porteño argumentó que “existen antecedentes suficientes para presumir la participación del imputado en los hechos investigados, por lo que la prisión preventiva es la única cautelar que satisface los fines del procedimiento”.