El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar como investigada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 5 de julio. El instructor la cita por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, dentro de las diligencias abiertas por la relación profesional de Gómez con diversos empresarios.

Además, el juez ha accedido a aplazar las declaraciones de varios testigos que estaban previstas para este jueves y las ha trasladado al domingo 16 de junio. Es completamente inusual que unas comparecencias de testigos en un caso en instrucción sin carácter de urgencia se celebren un domingo, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha explicado que el juez Peinado está ese día de guardia. El horario de las comparecencias “dependerá de la incidencia del servicio”, aunque todas serán a partir de las 12.00, añade el comunicado del TSJM.

La decisión del juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno ha irrumpido en la recta final de la campaña de las elecciones europeas, que se celebran el próximo domingo. El instructor ha notificado en la mañana de este martes dos actuaciones relevantes. La primera, la citación como investigada de Gómez por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, supuestamente cometidos —según la querella presentada por Manos Limpias— al intentar mediar para que se concedieran ayudas públicas a un empresario con el que había colaborado profesionalmente. Fuentes jurídicas habían planteado la posibilidad de que el juez pospusiera la decisión de citar, o no, a la esposa de Sánchez hasta después de tomar declaración a varios testigos cuyas comparecencias ya estaban fijadas, pero el instructor ha optado, finalmente, por llamar a Gómez como investigada antes de que se celebren esas declaraciones.

La segunda decisión comunicada este martes por el juez es, precisamente, el aplazamiento de la primera tanda de declaraciones de testigos, que estaban previstas este jueves. El retraso de las comparecencias había sido solicitado por el abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, que ese día debía asistir a otro juicio, el del caso Nummaria, que se celebra en la Audiencia Nacional y en el que Camacho ejerce la defensa del actor Imanol Arias.

Las comparecencias aplazadas son las de cuatro empleados y cargos de Red.es, organismo dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, que concedió ayudas públicas a una Unión Temporal de Empresas (UTE) vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés. Este había participado previamente en un máster dirigido por Gómez. Los testigos que tendrán que comparecer el domingo 16 son David Cierco, quien fuera director general de Red.es hasta 2021, y su sustituto, Albert Martínez Lacambra. También están citados ese día Luis Prieto e Ignacio Espejo-Saavedra, director de Economía Digital y director adjunto de la Asesoría Jurídica de dicho organismo, respectivamente. Antes de estas comparecencias, el juez tiene previsto interrogar este viernes, también como testigo, al empresario Barrabés, aunque su declaración está pendiente de un informe médico después de que el testigo haya alegado problemas de salud.

La Audiencia Provincial avaló el pasado miércoles la investigación abierta por el juez Peinado a raíz de una denuncia recibida por la organización Manos Limpias, pero instó al juez a centrarse exclusivamente en los 10 millones de euros de ayudas recibidas por la UTE vinculada a Barrabés. El tribunal provincial considera que el resto de hechos denunciados son “inverosímiles”, tienen “datos erróneos” o, en el caso de la supuesta influencia de Gómez en el rescate de la empresa Globalia, responden a una “simple conjetura”. Respecto a las adjudicaciones recibidas por Barrabés, la Audiencia considera que “sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación”.

Esta sospecha se basa, principalmente, en una carta de recomendación a favor de Barrabés firmada por la esposa del presidente, que se unió a otra treintena de cartas similares, incluida una del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, un informe de la Guardia Civil entregado al instructor, y que adelantó EL PAÍS, no halló indicios de que esos escritos influyeran en los contratos adjudicados a este empresario.