Alicia Negre

Lunes, 7 de agosto 2023, 07:20

Esta es una historia de ‘vuelcos’ entre bandas y de soplones que utilizan sus contactos en los cuerpos para crecer en el negocio, pero también el relato de una manzana podrida, una supuesta corrupción colmada de diligencias falseadas, de extorsiones, de cobros bajo manga y robos de alijos decomisados en operaciones policiales. La justicia murciana volverá a levantar la persiana tras las vacaciones de verano y lo hará con uno de los casos que más revuelo ha levantado en la Región en las últimas décadas. La Audiencia Provincial tiene previsto iniciar el 18 de septiembre el macrojuicio contra la supuesta mafia que anidó, hace ya cerca de una década, en un grupo de agentes del grupo de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía de Murcia.

Durante cuatro meses y más de medio centenar de sesiones, el tribunal buceará en un trama que estalló a finales de 2014 cuando el departamento de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía asestó un sorpresivo golpe a la cúpula de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Murcia con la detención de quien era el máximo responsable de la Brigada Provincial de Estupefacientes de la Policía Judicial, Juan José Ll.C. Durante meses los investigadores indagaron en la relación que este veterano agente mantenía con un supuesto delincuente de origen dominicano, Nelson M.N., alias ‘Willy’, que, al parecer, actuaba como soplón.

Esas pesquisas destaparon una supuesta trama de corrupción policial que llegará a juicio el próximo mes con hasta 17 procesados y una petición por parte de la Fiscalía de más de 375 años de prisión. Solo el exinspector Juan José Ll.C., que durante años estuvo al frente de los ‘estupas’, encara penas de prisión que suman dos décadas de cárcel por supuestos delitos contra la salud pública, cohecho, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. El Ministerio Público subraya que la relación que este profesional estableció con el soplón derivó en un «consorcio criminal que se mantuvo durante años» y reclama también que se le inhabilite durante 18 años para cualquier empleo público u oficio que tenga que ver con la seguridad.

La Fiscalía reclama hasta 20 años de prisión para un exinspector acusado de tejer «un consorcio criminal» con un soplón

En el banquillo le acompañará, además, quien fue su predecesor en el cargo, el inspector Francisco M.; y dos policías que en ese momento desempeñaban su labor en la comisaría de distrito del Carmen, Manuel A.S. e Ismael S.R. La Fiscalía pide para el primero 16 años y diez meses de cárcel y otros 15 de inhabilitación para empleo y cargo público y penas de entre 21 y 19 años de cárcel para los otros dos.

Abanico de servicios

Fue en noviembre de 2013 cuando los agentes de Asuntos Internos centraron su mirada en el dominicano ‘Willy’ y en la relación que, como confidente, mantenía con algunos policías. La fiscal abtidrogas de la Región, María Isabel Neira, explica, en su escrito de conclusiones provisionales, que el dominicano era «un colaborador estable, aunque no siempre oficializado, de la Policía Nacional y de algunos agentes de la Policía Local de Murcia, que pasaba información sobre actividades delictivas varias y especialmente sobre tráfico de drogas, dada su estrecha proximidad» a esos entornos. Sus servicios, según sostiene, eran tan amplios como pudieran necesitarse: «hacerse pasar por traficante, ofrecer prensas (para la droga), aparentar ser comprador de varios kilos de droga, cerrar citas o adquirir estupefacientes, provocar delitos, generar detenciones, facilitar datos que se volcaban en vigilancias o grabaciones… con una total falta de escrúpulos».

Aprovechando y alardeando de esas «evidentes relaciones con agentes policiales», ‘Willy’ no solo había alcanzado supuestamente una impunidad para dedicarse al narcotráfico, sino que, sostiene la fiscal, «extorsionaba a terceros, incluso de forma violenta para que le entregaran dinero bajo la amenaza de colocarles droga en su casa o en el coche y hacerlos detener». Una actividad que le habría permitido alcanzar un «cierto estatus económico» en República Dominicana y Bolivia, donde enviaba el dinero que iba amasando con sus tropelías.

El escrito del Ministerio Público ahonda en la «auténtica organización criminal» que este acusado había creado y que estaba supuestamente integrada por una decena de miembros, entre ellos su novia, Grisel R., y su propio hermano, Delio M.M. Una de sus aparentes especialidades consistía en apoderarse de alijos y grandes cantidades de dinero de otras bandas. Con ese objetivo, el grupo de Nelson había desarrollado dos formas de actuar. Una consistía supuestamente en utilizar la intimidación o la violencia contra los miembros de otra organización El otro método, mucho más innovador, pasaba por avisar a la Policía en plena transacción de estupefacientes, con lo que conseguían provocar la huida de los integrantes de la otra red y quedarse para sí el alijo de drogas o el dinero que llevaban.

No oculta su «sospecha de manipulaciones» ante los numerosos desfases en el pesaje de alijos registrados durante esa etapa

Juan José Ll.C. tenía registrado al dominicano como «colaborador de inteligencia» desde el año 2012 aunque, según destaca la fiscal, su relación se inició antes. Ese hecho le permitía, entre otras cosas, conocer cualquier investigación que pudiera afectar al soplón. Desde el año 2011, sostiene la fiscal, el exjefe de los ‘estupas’ asumió múltiples investigaciones antidroga con Nelson como informador. Con la excusa de entrevistarse con él, presuntamente acordaban actuaciones delictivas empleando un «lenguaje convenido y pactado entre ellos». La fiscal sostiene que la relación entre ambos degeneró con el tiempo hasta derivar, siempre según la acusación pública, «en un consorcio criminal que se mantuvo durante años».

Actuaciones bajo sospecha

A lo largo de más de 70 páginas, la representante del Ministerio Público pone sobre la mesa algunas de las actuaciones que se realizaron durante la etapa en que este profesional estuvo al frente del grupo y que, a su entender, están bajo sospecha. En el verano de 2014, por ejemplo, la Udyco, liderada por el acusado, desplegó una operación en la que se detuvo a cinco presuntos narcos y se les intervinieron siete kilos de cocaína. En el alijo figuraba una bolsa con 230 gramos de sustancia blanca en roca que dio positivo al test de cocaína, pero que cuando llegó unos días después al laboratorio de Sanidad ya no daba positivo alguno: había pasado a ser cafeína. Los agentes de Asuntos Internos destaparon que Juan José Ll.C. había mantenido un breve encuentro con ‘Willy’ al día siguiente de los arrestos. Con esos datos en la mano la fiscal sospecha que dieron cambiazo a la droga, entregándosela al confidente. Una práctica que supuestamente se dio en alguna otra ocasión. «Sustancias que no daban positivo en los test reactivos de cocaína, una vez analizadas sí lo eran, con índices de pureza muy elevados y al revés, y había alteraciones de peso ilógicas o con colores diferentes», destaca la fiscal, «lo que arroja la fundada sospecha de manipulaciones».

Testigos protegidos y altos cargos declararán en decenas de sesiones

Más de medio centenar de jornadas ha reservado la Sección Tercera de la Audiencia Provincial para este macrojuicio, que está previsto que arranque el próximo 18 de septiembre y se prolongue hasta el 5 de diciembre. El tribunal, que ya se vio obligado aplazar esta vista en 2020 por el riesgo de infección en plena pandemia, tiene previsto escuchar en esas semanas a decenas de testigos, entre ellos algunos protegidos y numerosos investigadores de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, que destaparon esta supuesta trama. Por la sala de vistas deberá pasar también, previsiblemente, el que fuera jefe superior del cuerpo en los años que se indagan, Cirilo Durán, y el entonces comisario jefe de la Policía Judicial. Las partes han solicitado, además, la comparecencia de varios funcionarios del área de Sanidad y de policías de los laboratorios de Biología y Toxicología, además de personal de Vigilancia Aduanera y forenses del Instituto de Medicina Legal de Murcia.

Por Diario

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