Chile, justicia banaliza ataques policiales de 2019

Chile, justicia banaliza ataques policiales de 2019. Justicia de Chile no aceptó como evidencia suficiente los ataques policiales de Juan Felipe González Ganga con disparos fatales en cara de manifestante de 29 años.

Chile justicia ataques policiales

Tribunal de justicia en Chile no vio evidencia suficiente para condenar a Juan Felipe González Ganga en ataques policiales en las protestas de 2019. El acusado disparó un tiro fatal con perdigones a quemarropa en la cara de un manifestante de 29 años.

El incidente ocurrió durante las principales protestas sociales en 2019. Los trabajadores humanitarios llevaron al joven al hospital de la ciudad, donde luego se le diagnosticó una pérdida parcial de la visión en el ojo izquierdo.

Si bien los magistrados solían detener a los manifestantes en grupos sin tener en cuenta las circunstancias, y un gran grupo pasó meses en prisión preventiva sin cargos, los responsables de la dispersión violenta de las protestas están siendo investigados con lentitud o no están siendo investigados en absoluto.

En este caso, el abogado de la víctima vio probada la culpabilidad de dicho policía y en consecuencia exigió 15 años de prisión por lesiones corporales de especial gravedad. Hay una grabación de video de una cámara de vigilancia instalada por la administración municipal, que registró el proceso en su totalidad.

Se puede ver cómo el joven es disparado a quemarropa desde un coche patrulla en el que iba sentado el imputado. Los escombros de su ropa y rostro podrían ser claramente asignados al arma policial. El letrado sobre la absolución: «El poder judicial busca cualquier excusa para no condenar a los culpables».

Araucanía impunidad

Esta absolución en el único caso judicial en la región de La Araucanía tiene sistema. El observador señala que los procesos son prolongados, cientos de denuncias ni siquiera han sido aceptadas o, como en este caso, los procesos judiciales terminan con sentencias absolutorias.

En marzo de 2020, el Ministerio Público había recibido 6.568 denuncias por violaciones de derechos humanos, de las cuales 3.050 permanecían sin acusación y los procesos fueron suspendidos temporalmente y ni siquiera investigados. El Ministerio Público afirmó que «nos faltan los medios».

Si bien hubo 13 condenas por violaciones de derechos humanos para 2022, la cantidad de condenados es desproporcionada con respecto al daño causado. Las lesiones oculares graves y más graves solas con pérdida parcial o total de la visión suman 352 casos, como el de Fabiola Campillai, quien luego fue electa Senadora.

Condenas

Al procesar a los manifestantes, a menudo solo por daños a la propiedad o resistencia a la autoridad estatal, la oficina del fiscal nunca se quejó de la falta de fondos. A diciembre de 2019, dos meses después de que estallaran las protestas, ya se habían investigado 41.075 casos y el Poder Judicial había dictado 3.879 condenas.

Mientras tanto, el presidente Boric ha ordenado que las víctimas, dependiendo de la gravedad de las lesiones sufridas, reciban una pensión de hasta el equivalente a unos 550 euros si pueden demostrar que no pueden trabajar. El Instituto Nacional de Derechos Humanos critica que muchas víctimas queden excluidas de las indemnizaciones por no poder acreditar su incapacidad laboral parcial o total.

Por Diario

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