Estos son los hilos detrás de los 1.300 contratos del Senado en la presidencia de Name

El senador Iván Name dejó este sábado 20 de julio su puesto en la mesa directiva del Senado para darle paso al veterano conservador Efraín Cepeda. Su gestión como presidente del Congreso estuvo marcada por los constantes choques con el Ejecutivo, especialmente con el presidente Gustavo Petro, a quien en varias ocasiones le pidió respetar la independencia del Legislativo, todo en medio de los constantes choques por el trámite de las reformas sociales.

Al final, Name, al igual que su par en la Cámara, el liberal Andrés Calle, se despidió bajo la sombra del peor escándalo de corrupción en lo que va corrido de esta administración, el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según Sneyder Pinilla, exsubdirector de esa entidad, Name supuestamente recibió $3.000 millones, a través de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, para favorecer los proyectos del Gobierno. Y aunque ya salió del cargo de presidente y aun los implicados en el caso no han dado a conocer las pruebas, en medio de todo el ruido El Espectador se dio a la tarea de revisar detalladamente cómo fue el Senado, bajo sus batuta, contrató durante los últimos 366 días. Esta es la radiografía.

Los cuestionados y las fichas políticas en la contratación del Senado

Según los registros oficiales de contratación, el Senado llevó a cabo, desde el 20 de julio del 2023 y hasta la fecha, un total de 1.333 procesos, de los cuales el 95 %, es decir 1.275, fueron firmados bajo la modalidad de contratación directa. Esta figura, si bien agiliza los trámites para que las entidades obtengan eficazmente los bienes y servicios que requieren, elimina la convocatoria pública, algo que para algunas veedurías debería ser la excepción y no la norma.

En otras palabras, las reglas de juego de los más de 1.200 contratos directos que firmó en el último año el Senado fueron dictadas por unos cuantos funcionarios. En el Senado, quien responde por el gasto es la actual directora administrativa, Astrid Salamanca. Para muchos, ella es la “superpoderosa” del presupuesto, pues está en el cargo desde 2012, lo que se traduce en que los senadores la han reelegido seis veces para periódicos de dos años, la última vez en 2022.

Aunque los presidentes de turno siempre han dicho que no están encargados de manejar los recursos del Senado, por lo cual no tienen nada que ver con la contratación, es usual ver sus rastros en los registros. Este año, la llegada de Iván Name al cargo no ha marcado una excepción, pues este diario encontró varios nombres ligados al senador de la Alianza Verde.

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Antes de entrar a revisar dichos lazos, conviene analizar qué fue lo que contrató el Senado en los últimos 12 meses, el contrato más alto en el Senado fue un convenio interadministrativo de $25.600 millones con la Unidad Nacional de Protección (UNP), el cual está próximo a terminar y tiene como objetivo garantizar la seguridad de los 108 senadores, con un esquema de protección y dos camionetas blindadas para cada uno.

La corporación también invirtió altas sumas en asesorías legales; por ejemplo, contrató en tres ocasiones a la firma que lidera el exviceministro de política criminal Camilo Rojas Castro por unos $1.484 millones. Así mismo, le dio dos contratos que suman $947 millones a la Novoa Buendia S.A.S., una firma de abogados encabezada por Juan Carlos Novoa, para muchos un “consentido” del exprocurador Alejandro Ordóñez; de hecho, Novoa fue quien estuvo detrás del fallo que en 2013 destituyó e inhabilitó al entonces alcalde Gustavo Petro.

Luego aparecen siete contratos por unos $10.700 millones para la creación de contenidos y la producción del Canal Congreso y otros programas de la entidad; en este punto empiezan a aparecer algunos cuestionamientos. El contratista es Teveandina o Canal Trece, un medio público regional que actualmente está bajo la lupa por otro convenio firmado con la Alcaldía de Cali para organizar eventos, dirigir temas de comunicaciones y llevar a cabo investigaciones de percepción ciudadana.

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La polémica gira en torno a que el proceso, por más $7.600 millones, se llevó a cabo con contratación directa y en menos de 20 días, lo que algunos opositores del alcalde Alejandro Eder calificaron como contratación “a dedo”. Además, varios cuestionaron que el canal elegido opere en Bogotá y no en la región, como lo hacen Telepacífico y otros. Así las cosas, la Procuraduría ya investiga si Teveandina tiene las capacidades para cumplir el contrato y si existió alguna irregularidad en la adjudicación.

Pero eso no es todo, sobre la firma pesa la sombra de los nexos políticos, pues actualmente Teveandina es gerenciada por Alejandro Linares Camberos, excongresista del Partido de La U. Es de resaltar que esa bancada, en varias ocasiones clave para las reformas del Gobierno, ha consolidado su influencia en el sector de las tecnologías y comunicaciones, pues además de cargos como el de Linares tienen entre sus cercanos al ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, quien además reemplazó en esa cartera a otra ficha de La U, Sandra Urrutia.

Por otra parte, la dirección jurídica y administrativa de Teveandina está en manos de Jonathan Nieto Piedras, quien hizo parte de la UTL de Camberos y fue candidato de la Alianza Verde a la Alcaldía de San Francisco (Cundinamarca). Además, este diario pudo establecer que la firma ha subcontratado con otras empresas para cumplir sus contratos con el Senado e incluso otros que mantiene con la Cámara de Representantes.

En diálogo con este diario, la Dirección Administrativa del Senado aseguró que “todos los contratos cumplen con rigurosos procesos de selección y cuentan con el acompañamiento de apoyos en la supervisión a través de asesores externos”. Sobre Teveandina explicó los procesos se han hecho con rigurosidad buscando la calidad del servicio a un bajo costo. “Como Dirección Administrativa no determinamos si el gerente de una entidad pública es de un partido u otro, ni es algo que sea de nuestra incumbencia al igual que los sitios donde haya laborado”.

Al revisar otros de los contratos más cuantiosos, continúan apareciendo nombres polémicos. Entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, el Senado le dio dos contratos por más de $3.100 millones a Servinformatica S.A.S., una empresa que tiene entre sus socios a Jorge Uriel Silva Arias, mencionado en algunos escándalos de corrupción y con varias conexiones políticas.

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Silva resultó salpicado en una denuncia que llegó a la Fiscalía contra el hoy embajador Roy Barreras —también expresidente del Senado y para muchos quien ha impulsado a la mencionada Astrid Salamanca en el Senado— por su supuesta participación en un cartel de contratación para desfalcar a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Según la versión, Jorge Uriel Silva, como contratista, sería una de las piezas de la trama. El caso, sin embargo, no ha avanzado en los estrados judiciales.

El contratista también aparece como la persona detrás del negocio por más de $4.200 millones con el que el excandidato presidencial Rodolfo Hernández compró un lujoso apartamento en Bogotá. Silva Arias, que además tiene varios contratos más con otras entidades públicas, a nombre propio y a través de sus empresas, aparece mencionado en el caso del “carrusel de la contratación” en Bogotá y registra una sanción disciplinaria en la Procuraduría.

Y a propósito de ese sonado “carrusel”, este diario encontró en los contratos del Senado el nombre de otro empresario salpicado por ese caso de corrupción e incluso en otro más, el de Centros Poblados. Se trata de Alex Yesid Belalcázar Guerrero, representante legal de la empresa Janium, que presta servicios tecnológicos al Senado. Belalcázar aparece relacionado en las empresas de Álvaro Cruz, exgobernador de Cundinamarca condenado por el “carrusel”.

Belalcázar también está registrado en varias empresas más, entre esas una llamada Green View, en la que comparte la representación legal con Luis Guillermo Mesa Sanabria, quien fue gerente de ICM Ingenieros, la empresa relacionada con el gobernador Cruz y también involucrada en la pérdida de más $70.000 millones en el caso Centro Poblados, en el cual otro de sus protagonistas es, al igual que en el “carrusel”, el condenado Emilio Tapia.

Sobre este proceso, la Dirección Administrativa le dijo a El Espectador que “como representante legal figura Aracely López Erazo y legalmente en los acompañamientos jurídicos y contractuales cumple con todo el proceso y sin impedimentos legales, además que ha venido cumpliendo el contrato a cabalidad”.

Ahora, volviendo al papel que tuvo Iván Name como presidente del Senado, aunque se puede argumentar que no es ordenador del gasto, lo cierto es que su oficina sí pidió contratar a varias personas y empresas, en total 60. Es en este punto en el que aparecen algunas fichas cercanas a su partido e incluso viejos conocidos del Congreso.

En la lista llama la atención el convenio con la empresa Libreta Personal, que por $183 millones se comprometió a acompañar a Name “con el objetivo de lograr una comunicación abierta y transparente del Senado, y direccionar de manera eficiente la comunicación de la actividad legislativa”. La empresa tiene entre sus socios a Camilo Cano y a Juan Mesa, este último mencionado en la polémica del “mico” que se coló en la reforma pensional y le daría billonarias comisiones a los fondos privados. Como lo contó este diario, Mesa fue uno de los lobistas contratados por Asofondos para convencer a los senadores de presentar al menos 20 proposiciones redactadas por ellos.

Mesa le dijo a este diario que el contrato con el Senado es sencillamente una asesoría de comunicaciones y que nada tiene que ver con la reforma pensional ni con sus asesorías a otras entidades u organizaciones.

En la presidencia que acaba de terminar también obtuvo un contrato por $79 millones Tania Alexandra Medina, pareja del diputado del Huila Virgilio Huergo (Alianza Verde), quien públicamente le pidió a su partido apoyar a Name para llegar a la cabeza de la mesa directiva del Senado. Además, Sebastián Camilo Durán, ex concejal huilense, también del Verde y cercano a Huergo, recibió $7 millones por un contrato de 30 días.

Curiosamente, Name también llevó a trabajar a su oficina a un peso pesado de la política huilense, la exsenadora conservadora Esperanza Andrade, quien tiene un contrato de $144 millones. Ella es hermana de otro expresidente del Senado, Hernán Andrade, y actualmente dirige las todas del Conservador en el Huila, en reemplazo Jorge Fernando Perdomo, candidato a procurador. A pesar de la salida de Name, lo más probable es que ese partido no pierda terreno en la presidencia del Senado, pues de hecho ahora tendrá a un aliado más cercano, el veterano Efraín Cepeda.

La lista se extiende y relaciona a otros nombres como los de Carlos Alberto Morales Castilla, de la Alianza Verde en Valledupar y con un contrato de 79 millones; Angélica Marín Agudelo, candidata verde al Concejo de Bogotá y con un contrato de 60 millones; Gustavo Adolfo Raad, hermano de un concejal del mismo partido en Cartagena y contratado por $121 millones, entre otros.

Pero no solo hay lazos de la Alianza Verde, pues entre el millar de contratos analizados hay otras figuras políticas como Emilio Otero, el exsecretario del Senado antes de Gregorio Eljach, quien suma procesos por $114 millones para asesorar a la Sección de Leyes. También están Flor Gnecco, del clan político que lleva ese nombre en Cesar y La Guajira, con contratos por casi $200 millones; y el exmagistrado del CNE Armando Novoa, que por $66 millones asesora a la primera Vicepresidencia del Senado, que tenía la senadora María José Pizarro.

Nota: Las personas mencionadas en el texto fueron consultadas, y si bien no todas respondieron, han defendido a lo largo de este año legislativo su idoneidad para asumir dichos contratos.

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