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- Author, Veronica Smink
- Role, BBC News Mundo, Buenos Aires
En la mañana del 18 de julio de 1994, hace 30 años, un coche bomba destruyó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el principal centro comunitario de la colectividad judÃa en Buenos Aires.
El ataque, ocurrido apenas dos años después de la voladura de la embajada israelà en la misma cuidad, fue el peor atentado en la historia de Argentina.
85 personas murieron y cerca de 300 resultaron heridas.
Sin embargo, tres décadas más tarde, todavÃa nadie ha sido arrestado o juzgado por el crimen, que es considerado uno de los ejemplos más grandes de impunidad que tiene el paÃs.
Recién este año la justicia argentina dio por probado quién estuvo detrás del ataque, en un proceso que investigó el encubrimiento de los primeros funcionarios judiciales y gubernamentales que estuvieron a cargo de la llamada âcausa AMIAâ.
La Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del paÃs, determinó en un fallo en abril pasado que Irán lo ordenó y que fue perpetrado por la organización armada islamista Hezbolá.
También declaró al atentando un crimen de lesa humanidad, al determinar que se cometieron âgraves violaciones a los derechos humanosâ.
De esta forma, los delitos fueron considerados imprescriptibles, lo que permitirá a los familiares de las vÃctimas seguir buscando justicia.
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La semana pasada, el gobierno de Javier Milei presentó un proyecto de ley para habilitar los juicios en ausencia, hoy prohibidos por la legislación argentina.
âHace 30 años volaron la AMIA los iranÃes. No pueden ir presos porque están prófugos y escondidos, pero no se puede hacer nada. Esta ley nos va a permitir juzgarlos igual“, señaló el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
“Vamos a hacer el juicio y con todas las pruebas podremos mandar una orden de captura internacionalâ, agregó, al presentar la iniciativa desde la Casa Rosada, junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
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Dos presidentes acusados y un juez condenado
El caso AMIA no es solo ejemplo de impunidad porque no se ha juzgado a los responsables del ataque.
También lo es porque quienes sà han sido juzgados -y condenados- han sido el juez y los fiscales que llevaron la causa judicial original, que investigó a los argentinos que supuestamente colaboraron con los autores del atentado.
En 2019, el magistrado Juan José Galeano fue sentenciado a seis años de prisión por haber usado dinero del Estado para pagar a testigos falsos para que acusaran a un grupo de policÃas de ser la “conexión local” del ataque (el fallo de este año de la Cámara Federal de Casación redujo la condena a cuatro años).
En 2019 también se condenó a los fiscales de la causa y a los principales responsables del aparato de inteligencia que operó cuando ocurrió el atentado en 1994, con el argumento de que en vez de investigar intentaron encubrir lo ocurrido.
Incluso el presidente de entonces, Carlos Menem (1989-99), fue acusado de desviar la investigación, presuntamente exigiéndole al juez que no ahondara en la llamada “pista siria”, que involucraba a un empresario cercano a su familia.
Sin embargo, Menem fue absuelto de ese delito.
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Pero no solo quienes dirigÃan el paÃs cuando ocurrió el atentado han sido salpicados por la mancha negra que es el caso AMIA.
En 2023, la Cámara Federal de Casación ordenó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-15) sea juzgada, acusada de haber firmado un pacto con los presuntos agresores para garantizar su impunidad.
Los responsables
Según la justicia argentina, el atentado fue ejecutado por el grupo militante chiita Hezbolá, de origen libanés, bajo órdenes de Irán, algo que ese paÃs siempre ha negado.
El primero que acusó a Irán de estar detrás del atentado fue un exdiplomático de ese paÃs llamado Manoucher Motamer, quien luego serÃa señalado como agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
Poco tiempo después del ataque, Motamer acusó a funcionarios de la embajada iranà en Buenos Aires de organizarlo.
La acusación fue replicada por los gobiernos de EE.UU. e Israel, quienes señalaron a Hezbolá como el autor material del ataque.
Hezbolá ya habÃa sido consideradao responsable por la justicia argentina de haber estado detrás del atentado con cochebomba contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que ocurrió en 1992 y dejó 22 vÃctimas fatales y más de 200 heridos.
Sin embargo, el llamado “juicio por el atentado de la AMIA”, que comenzó en Buenos Aires en septiembre de 2001, no se enfocó en Hezbolá o Irán, sino en la “conexión local”.
Ese juicio terminó en escándalo cuando se reveló que los imputados fueron falsamente acusados. La causa fue declarada nula y todos quedaron absueltos en 2004.
El juez Galeano, que habÃa sido removido del caso en pleno proceso judicial, fue destituido en 2005 y fue enviado a juicio años después, junto con Menem y otros funcionarios.
Mientras la causa judicial para determinar a los posibles cómplices locales terminaba de forma tan ignominiosa, la investigación de los responsables internacionales tampoco avanzaba.
En agosto de 2003, Argentina pidió la extradición del exembajador iranà en ese paÃs, Hade Soleimanpour, quien estaba en Reino Unido.
Tres meses después del pedido, Londres lo rechazó por falta de evidencias.
Nisman
Tras la anulación del juicio que se centró en la conexión local, el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007) decidió crear una fiscalÃa especial para investigar lo ocurrido en la AMIA.
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Kirchner puso a cargo de esa investigación a Alberto Nisman, quien venÃa trabajando como fiscal en la causa AMIA desde 1997 (y fue el único que no fue acusado de encubrimiento).
Fue Nisman quien se concentró en la llamada “pista iranÔ, basándose en información que recibÃa de los servicios secretos de EE.UU. e Israel.
En octubre de 2006 Nisman acusó formalmente a Irán de estar detrás del atentado y a Hezbolá de ejecutarlo y pidió la captura de los responsables.
Un año después, la Interpol accedió al pedido argentino y emitió órdenes de detención (conocidas como “notificaciones rojas”) para cinco exfuncionarios iranÃes:
- Ahamad Vahidi, entonces ministro de Defensa iranà y exjefe de la Guardia Revolucionaria
- Alà Fallhijan, exministro de Seguridad
- Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria
- Mohsen Rabbani, exagregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires
- Ahmad Reza Ashgari, el exsecretario de esa sede diplomática
Irán, que siempre ha acusado a EE.UU. e Israel de involucrar a Argentina en un complot en su contra e incluso ha sostenido que el ataque contra la AMIA fue un “autoatentado” israelÃ, se ha negado a entregar a los sospechosos y tampoco ha permitido que sean interrogados.
El “memorándum de entendimiento”
El laberinto sin fin que es el caso AMIA volvió a tomar un giro inesperado tras la llegada al poder de Cristina Kirchner en 2007.
En septiembre de 2009 la jefa de Estado exhortó a Irán a que extraditara a los exfuncionarios cuestionados durante un discurso que dio ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
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Sin embargo, tres años más tarde, durante su segundo mandato, la presidenta sorprendió con el anuncio de una nueva estrategia para llevar ante la justicia a los iranÃes sospechados.
Kirchner dijo que firmarÃa un “memorándum de entendimiento” con Irán para intentar avanzar en la causa.
Este pacto, que fue firmado en enero de 2013 en EtiopÃa, preveÃa la creación de una Comisión de la Verdad integrada por cinco juristas internacionales (dos elegidos por cada paÃs y un quinto consensuado) para analizar las investigaciones sobre el atentado.
También estipulaba que la Justicia argentina podrÃa interrogar en Irán a los cinco imputados que están requeridos por Interpol.
Un mes más tarde, el Congreso argentino -con mayorÃa kirchnerista- aprobó el acuerdo, dándole rango de tratado internacional. Pero el Parlamento iranà nunca trató el asunto, por lo que el pacto no entró en vigencia.
No obstante, eso no evitó la controversia que generó el memorándum: tanto las entidades representativas de la comunidad judÃa como todos los partidos de oposición rechazaron el acuerdo.
La Justicia les dio la razón a estos crÃticos y, en mayo de 2014, declaró el memorándum inconstitucional por considerar que la justicia argentina estaba renunciando a su propia jurisdicción para juzgar a los iranÃes en una comisión extrajudicial.
Acusación y muerte
Pero la verdadera controversia explotó casi un año después, a comienzos de 2015, cuando el fiscal especial Nisman acusó a la presidenta, al canciller Héctor Timerman y a otros funcionarios de haber buscado encubrir a los autores iranÃes del atentado a través del memorándum.
Nisman presentó una denuncia judicial, basada en escuchas realizadas por agentes de inteligencia argentinos, que afirmaba que el pacto con Irán buscaba el levantamiento de las notificaciones rojas de Interpol.
Según el fiscal especial, Argentina, que atravesaba una crisis energética, habrÃa accedido a negociar la impunidad de los iranÃes a cambio de petróleo y otros acuerdos económicos.
Kirchner y el resto de los acusados siempre negaron que esto fuera cierto y aseguraron que el pacto no contemplaba eliminar los pedidos de captura de Interpol.
Aunque la justicia argentina originalmente desechó la denuncia de Nisman, todo cambió después del 18 de enero de 2015.
Ese dÃa fue hallado sin vida, con un tiro en la cabeza, el fiscal Nisman, quien 24 horas más tarde debÃa presentarse ante el Congreso para mostrar las evidencias con las que fundamentaba su acusación.
Su muerte, originalmente catalogada como un suicidio, fue declarada homicidio años más tarde.
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El rabino que presidió el sepelio de Nisman en 2015 dijo que este habÃa sido “la vÃctima 86 del atentado de la AMIA”. No obstante, varios de los familiares de los muertos en ese ataque rechazaron tajantemente esas palabras y, por el contario, se mostraron muy crÃticos hacia el trabajo del fiscal.
La presidenta de la organización Memoria Activa, Adriana Reisfeld, le dijo a BBC Mundo que el fiscal habÃa sido “un obstáculo” para llegar a la verdad, y aclaró que no apoyaba su denuncia contra Kirchner.
En 2016, un año después de que la entonces mandataria fuera sucedida en el poder por Mauricio Macri, la justicia reabrió la denuncia de Nisman y en marzo de 2018 envió la causa por presunto encubrimiento a juicio oral.
¿Se hará justicia?
A 30 años del peor atentado en suelo argentino, los familiares de las vÃctimas siguen esperando.
En una entrevista con la BBC en 2015, el entonces canciller Timerman -quien falleció a finales de 2018- remarcó por qué es tan difÃcil lograr avances en la causa AMIA.
“Creemos que alguna gente en Irán cometió un crimen en Argentina, (pero) hay una ley que dice que ningún iranà será extraditado a otro paÃs“, señaló, justificando la decisión de su gobierno de negociar con Teherán.
El gobierno de Macri, opuesto polÃticamente al kirchnerismo, coincidió que estas limitaciones hacÃan prácticamente imposible juzgar a los responsables.
El 18 de julio de 2019, el entonces presidente conmemoró el 25 aniversario del ataque con la firma de tres decretos. Uno oficializó esa fecha como dÃa de Duelo Nacional en homenaje a las vÃctimas. Otro permitió una indemnización para una decena de exempleados de la AMIA.
Pero el más significativo fue el que creó el primer registro de “personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento”, en el que se incluyó a Hezbolá.
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El registro, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia, tiene como fin “facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento”.
Patricia Bullrich, quien también era ministra de Seguridad durante el gobierno de Macri, dijo en ese momento que esto representaba una “condena simbólica”, a falta de una condena judicial.
Sin embargo, al cumplirse el 30 aniversario, la funcionara ahora apuesta a que se logre una sentencia.
Al presentar el proyecto legislativo que busca incorporar la figura del juicio en ausencia al Código Penal argentino, Bullrich afirmó: “Esta es una respuesta del presidente Javier Milei a la sociedad argentina que todos los dÃas siente que hay impunidadâ.
No obstante, no todos están de acuerdo con que esta propuesta traerá la tan buscada justicia.
De hecho, el proyecto divide opiniones entre la comunidad judÃa.
âDicen que la investigación queda paralizada y no se puede avanzar en la búsqueda de la verdad sin juicio en ausencia. Es falso. Se pueden seguir buscando pruebas y se debe avanzar hacia la verdad plenaâ, señaló durante la conmemoración del atentado en 2023 el abogado de Memoria Activa, Rodrigo Borda.
Algunos incluso cuestionan las evidencias que apuntan a Irán y consideran que un juicio podrÃa cerrar la posibilidad de abrir nuevas investigaciones.
“La base del cuestionamiento es que no hay en el expediente pruebas concretas, sino únicamente informes de inteligencia“, escribió recientemente en el diario Página 12 el periodista Raúl Kollmann, experto en el caso AMIA.
Según Kollman, la propuesta del juicio en ausencia “parece un proyecto para cerrar el caso AMIA con una condena a Irán, algo que está en sintonÃa con las derechas más belicistas de EE.UU. e Israel”, los dos principales socios internacionales del gobierno de Milei.
El periodista resaltó que “hoy en dÃa no hay ningún impedimento para investigar y sin embargo no sabemos ni de dónde salieron los explosivos ni dónde se armó la camioneta que explotó en AMIA ni quién fue el conductor suicida ni cómo entró al paÃs”.
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