El gobierno se apega a sus cantinelas: se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para decir que el 12 de junio pasado, mientras se trataba la ley Bases en el Senado, los manifestantes intentaron un golpe de Estado. Los argumentos de ley y orden esbozados por un representante de Patricia Bullrich no conmovieron a los comisionados. Uno de ellos le recordó que Argentina tiene cuatro décadas de respeto por los derechos humanos y otro pidió concretar una visita al país para monitorear la situación de la libertad de expresión.
El 15 de abril pasado, el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) y otras 100 organizaciones pidieron una audiencia con la CIDH para analizar la situación de la protesta en el país desde que asumió Javier Milei y Bullrich se despachó con su protocolo antiprotestas. El encuentro se hizo este jueves y duró poco más de una hora y media.
La voz cantante del Estado argentino la llevó Alberto Föhrig, responsable del área de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad y uno de los hombres de confianza de Bullrich –tanto que coordinó los equipos que preparaban su plataforma si llegaba a convertirse en presidenta.
“El protocolo bajo discusión intenta remediar una serie de falencias que ha tenido el sistema institucional argentino y que se han agravado notablemente en las últimas dos décadas”, arrancó el funcionario de Bullrich. “Esta diferencia tiene que ver con el intento de tratar de alterar el funcionamiento de los poderes democráticamente electos mediante el uso de violencia. Esto ha ocurrido en cuatro oportunidades desde 1983: en 1989, en 2001, en 2017 y en 2024”, siguió ante la mirada atónita de comisionados y peticionarios.
Según Föhrig, el 12 de junio pasado se replicó el “modus operandi” de 2017 –cuando se trató la reforma previsional de Mauricio Macri–, que implicó una “violencia inusitada en las calles” y los representantes de las “fuerzas minoritarias” intentando interrumpir la sesión en el recinto. Lo que el funcionario parece no recordar es que la violencia arrancó cuando, cerca de las 13, la Prefectura Naval roció con gases lacrimógenos a un grupo de diputados de Unión por la Patria (UxP).
Otro momento que generó asombro fue cuando Föhrig desempolvó unas estadísticas para demostrar supuestamente que los cortes de calle no son una práctica recurrente en la Argentina. “Entre 1916 y 1996 se totalizan 45 años de gobiernos democráticos y el corte de calles fue cero”, dijo sin ruborizarse. Posiblemente, el 17 de octubre de 1945 se haya hecho con las patas en la fuente pero cuidando no obstruir vías de circulación. La teoría del hombre de Bullrich es que la práctica de los cortes de calles se inició en 2003, obviando la metodología de lucha piquetera de la década anterior.
El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, se mostró ofuscado con que se dijera “livianamente” que en el país no se respeta la libertad de expresión. Para eso, hizo algunas citas de Mariano Moreno –mientras lo esperaban para una reunión los gremios por los 82 despidos que se registraron en los últimos días en la Secretaría.
Al gobierno no le fue bien, más allá de lo que denunciaron las organizaciones locales sobre las restricciones a la protesta y la violencia desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad. Uno de los expositores fue el abogado Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), que perdió la visión en un ojo después de recibir un balazo de goma durante una movilización contra la ley Bases.
A la hora de responderle a Föhrig, Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del CELS, contestó que el argumento de un alzamiento contra los poderes del Estado era falso y que el gobierno apela a la receta de la represión ante distintas protestas. Eso fue lo que hizo, por ejemplo, cuando se pedían alimentos en el Ministerio de Capital Humano. Dijo que, si bien se habla de violencia, no se investigaron –sospechosamente– los hechos violentos del 12 de junio, como la quema del móvil de Cadena 3.
Jan Jarab, el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), le puntualizó al gobierno que le preocupaba la estigmatización de la protesta. También reconoció que le alarmaba que el fiscal –Carlos Stornelli– usara tuits del propio Poder Ejecutivo para pedir la prisión preventiva de 33 personas.
“Argentina tiene una historia de respeto a los derechos de cuatro décadas”, recordó el comisionado José Luis Caballero, relator para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Pedro Vaca, relator especial sobre Libertad de Expresión, sugirió hacer una visita para monitorear la situación en el país.
Hubo un reclamo, además, de María Alejandra Escobar Cortázar, de la organización CAJAR de Colombia, para que la CIDH no permita un “efecto dominó” en América Latina. Es decir, que las políticas represivas que impulsan Milei y Bullrich no se repliquen en otros Estados de la región. Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S, le pidió al organismo que le reclame al gobierno que derogue el protocolo. “La historia de nuestro país ha generado suficiente sufrimiento para estemos de nuevo dialogando sobre acusaciones de terrorismo y golpe de Estado”, cerró Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS.
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