Hoy, 23 años después, los abogados de Gonzáles pidieron a la Suprema Corte suspender su ejecución, argumentando que el culpable ya ha tomado responsabilidad por lo que hizo, y que un perito de acusación se equivocó al asegurar que Gonzáles sería un peligro para la sociedad, un requisito penal para imponer la sentencia de muerte.
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