Mi fuente agrega algo obvio: “Además, ya hemos dado 3 paquetes de facultades y no hay una rendición de cuentas. No nos explican, por ejemplo, cuánto hemos disminuido en criminalidad, qué metas hay”. Los problemas no se hicieron esperar. El paquete no sólo era enorme sino megadiverso. Incluía temas que no le competen al Congreso como regular sobre equilibrio fiscal y asuntos tributarios; y otros controversiales. Por ejemplo, había un proyecto sobre transgénicos, tema polémico para empresarios agrarios y ambientalistas, al punto que podía frustrar el consenso sobre todo lo demás. En la comisión, decidieron sacarlo del dictamen al igual que un proyecto que ponía cortapisas a las negociaciones colectivas. Todos los gremios sindicales son clientelas sensibles para las distintas bancadas, de modo que eso no podía quedar en el paquete.
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El 14 de junio, el dictamen mochado pero favorable de Constitución llegó al Pleno y, ¡zas!, hubo una cuestión previa para votar los temas por separado. Ganó la cuestión. Mal augurio. Pasaban los días y el pleno estaba ensimismado votando sus propias leyes e interpelando ministros sin entusiasmo porque les quitaba tiempo legislativo y no había espíritu de censurarlos. Una fuente cercana a la mesa directiva me contó que llegaron a pensar en patear la delegación de facultades para que la votara la Comisión Permanente, pero cayeron en cuenta de que el paquete incluía la reforma de algunas leyes orgánicas. La Permanente no puede votar ese tipo de reformas ni mucho menos las constitucionales. Entonces, el equipo de Alejandro Soto acordó que la delegación se votara el viernes, pero ese día el tiempo se lo llevó la patética discusión sobre qué delitos se incluían como impedimentos para que los condenados con sentencia cumplida sean candidatos. Se discutió por las puras –con suspiro de alivio de la gran mayoría- pues esa reforma constitucional terminó pateada para más adelante o para nunca. En realidad, ya el Art. 34 A de la Constitución y la Ley 30717 ponen esos límites, pero el proyecto hubiera hecho más precisos e inevitables los impedimentos.
![Arturo Alegría (Fuerza Popular) y Alejandro Soto (APP), vicepresidente y presidente de la Mesa Directiva](https://elcomercio.pe/resizer/v2/EPPPYVDTJNE7JP6LEO4WR5KC6Y.jpeg?auth=fa321a1138ed032cb45c7f96445867cb32870b01f6f4f458999c26e177300876&width=620&quality=75&smart=true)
Arturo Alegría (Fuerza Popular) y Alejandro Soto (APP), vicepresidente y presidente de la Mesa Directiva
Quedó el sábado para votar apurada y caóticamente la delegación de facultades. Se votó por partes, tal como se había acordado en la cuestión previa. Ganó el gobierno la primera votación hasta que, ¡zas!, se planteó –como es usual hacerlo cuando hay apuro- la exoneración de la segunda votación, que no puede ser inmediata, sino que tiene que hacerse al cabo de 7 días. Sin legislatura abierta y con los límites que ya les conté de la permanente, ¡vaya impasse del gobierno!
Por una sola vez
Los asesores del gobierno sonrieron cuando alguien recordó que el reglamento del Congreso (Art. 50) faculta al presidente de la república a solicitar un pleno extraordinario con un solo punto de agenda y en la fecha que estime conveniente. Acordaron, por lo tanto, solicitar uno de esos plenos con el único objetivo de realizar la segunda votación de la delegación de facultades. Ello se conversó entre ministros. El lunes pasado, el ministro de Economía, José Arista, me lo contó cuando lo entrevisté en la noche en RPP. Me dijo que el primer ministro Gustavo Adrianzén haría la solicitud el martes. Pasaban las horas y el pedido no se producía hasta que, cerca del final de la tarde, Adrianzén contó que se había puesto en contacto con Alejandro Soto, presidente del Congreso, para ese fin. El jueves se formalizó el pedido para el 1 de julio. No había apuro, pues la presidenta y el propio Arista, que es el más interesado en las facultades, viajan a la China y estarán de vuelta para el match.
“La presidenta puede obligarnos a hacer un pleno pero no a votar a favor”, me dijo, provocadoramente, una fuente parlamentaria. El gobierno no es ajeno a ese cálculo; por eso, en estos días se han programado reuniones con diversas bancadas para convencerlas de la necesidad de delegar facultades. El MEF, que es el más interesado pues suyo es la mayor parte del paquete, será el principal impulsor de la ronda. El gobierno espera –me lo dijeron en la PCM- que se vote todo junto, tal como se votó (y perdió) la exoneración de la segunda votación. Sin embargo, los congresistas pueden pensar distinto. Por ejemplo, uno de ellos, Alejandro Muñante de Renovación Popular, que sí voto a favor de exonerar al paquete de la segunda votación; me dijo que en el pleno extraordinario se deben votar los temas por separado. Si así se hace, existe el riesgo de que no se apruebe todo.
Probablemente el capítulo de seguridad ciudadana, que se concentra en medidas para facilitar el trabajo entre la PNP y la fiscalía, además del apagón digital para replantear drásticamente el combate al arranchón de celulares (el delito más común), goce de más aprobación que los temas económicos, mirados con lupa por congresistas con clientelas empresariales. El MEF espera que no le pongan trabas a la parte del paquete ligado a reformas tributarias (por ejemplo, permitir a la Sunat hincar el diente en las empresas no domiciliadas en Perú como las de cable o aplicativos diversos) y dispositivos para que Proinversión acompañe técnica y preventivamente la realización de los proyectos a los que da la buena pro. El lunes 1 de julio veremos qué tan sólida es la amistad entre los poderes antaño peleones.
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