Un “roscograma” de $20 mil millones enreda al CNE en momento clave del caso Petro

Dos convenios interadministrativos que suman $22.000 millones han generado ruido dentro y fuera del Consejo Nacional Electoral (CNE) por cuenta de las fichas políticas que se mueven en torno a estos y por los cuestionamientos que recaen sobre la firma ganadora. Se trata de una polémica que aparece justo cuando los ocho magistrados del organismo tienen en sus manos la ponencia que formularía cargos contra la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta financiación con fuentes prohibidas y violación del tope de gastos, una decisión que marcaría el debate político en los dos años que le quedan a este Gobierno y, por ende, en la carrera hacia el 2026.

El tema se relaciona con la pelea que ha dado el CNE para no depender administrativamente de la Registraduría, pues hasta mediados de 2023 no tenía una casilla propia en el Presupuesto General de la Nación y sus recursos eran manejados por dicha entidad. Este panorama cambió con el Plan Nacional de Desarrollo y con varias resoluciones del Ministerio de Hacienda, por lo que, desde este año, la autoridad electoral cuenta con mayor autonomía, lo que a su vez le da más poder a quien cumple el rol de presidente del organismo electoral, ahora con las capacidades plenas de contratar y ordenar el gasto.

En este punto cabe resaltar que, hasta hace dos meses, los presidentes del CNE eran elegidos para tomar las riendas de la entidad por un año; sin embargo, los magistrados se pusieron de acuerdo para acortar el plazo a seis meses, con el objetivo de que todos puedan ocupar dicha dignidad. Así, desde el pasado 3 abril, la presidenta es Maritza Martínez, política del Partido de La U que reemplazó al conservador Alfonso Campo, elegido en septiembre del año pasado.

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De hecho, Martínez y Campo son quienes aparecen como representantes del organismo electoral en los dos contratos en cuestión. Ambos procesos están orientados, precisamente, en consolidar la mencionada independencia de la Registraduría, puntualmente en materia tecnológica, ya que el internet, los datos, los sistemas de seguridad perimetral, los buzones de correo electrónico y hasta los servidores que soportan el trabajo del CNE siguen ligados a la Registraduría.

Con ese objetivo de crear una infraestructura propia, el pasado 1 de diciembre de 2023 la entidad le adjudicó a la Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle (ERT), de manera directa, un contrato por $11.000 millones, el cual se ejecutó en un mes y 23 días. El proceso no paró, pues diez días después la entidad le entregó otro contrato para el mismo fin, pero esta vez por $10.999 millones y hasta diciembre de 2024. En el primer proceso, el CNE recibió cotizaciones de tres empresas, y en el segundo de cinco, pero en ambos casos se decantó por las de ERT al ser las más económicas.

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ERT es una empresa pública manejada por la Gobernación del Valle y Emcali a través de una junta directiva de cinco integrantes y sus suplentes; a la primera le corresponde nombrar tres y a la segunda los dos restantes. Así las cosas, quien hoy tiene mayor peso en la compañía es la gobernadora Dilian Francisca Toro, del Partido de La U, quien de hecho hizo un enroque con la ahora exgobernadora Clara Luz Roldán, que pasó a ser una de las directoras de esa colectividad, la misma de la actual presidenta del CNE.

En este punto empiezan a aparecer algunos lazos entre La U, ERT y el CNE que advierten posibles irregularidades en la contratación por más de $20.000 millones —casi el 10 % de todo el presupuesto que tiene la autoridad electoral para este año. Lo primero es que El Espectador encontró que quien estructuró todo el contrato y avaló la experiencia y capacidad de ERT fue el director de la Oficina de Tecnologías de la Información del CNE, Gustavo Lozano Ferro, quien en 2010 trabajó para el Partido de La U como ingeniero de soporte, lo que podría configurar un conflicto de interés.

Este diario se contactó con Lozano Ferro, quien aseguró que lo más “pertinente” es que la información de los contratos sea solicitada ante la Presidencia del organismo. Al cierre de esta edición, la magistrada Maritza Martínez no había respondido a los mensajes de este diario.

Al revisar la junta directiva de ERT aparecen otros nombres que llaman la atención, como el de Henry Posada Torres, miembro suplente que tiene un nexo familiar con la exgobernador y directora de La U, Clara Luz Roldán, ya que es el padre de una de sus hijas, Claudia Bibiana Posada Roldán, por cuatro años gestora social del Valle. En diálogo con este diario, Roldán dijo que está separada de él hace 40 años, que es una persona con amplia experiencia comercial y que por eso llegó a la ERT, “para ayudarla a salir de una crisis”.

En la junta directiva hay otros nombres ligados al partido, como Manuel Torres Moreno, miembro principal, quien fue diputado del Valle —en 2023 intentó reelegirse por La U, pero se quemó— y cuyo suplente es Nelson Rueda Quevedo, otro exdiputado cercano a Dilian Francisca Toro.

Además, aparece el nombre de Gabriel Enrique Ferrer, el secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la actual gobernadora, hijo de un reconocido empresario que de hecho ha tenido contratos con ERT —por cerca de $200 millones en 2017—, un tema que abre la puerta a otro de los posibles conflictos de interés y lunares de la empresa valluna.

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Más contratos en el CNE y ERT cuestionados

ERT ya ha estado bajo la lupa por otros procesos millonarios con entidades públicas, incluso por algunos en los que aparecen, una vez más, las fichas de La U. A mediados de 2021, la Cámara de Representantes le entregó a esta firma más de $50.000 millones para adquirir “herramientas modernas e innovadoras de hardware y software” para la corporación.

El convenio recibió numerosas críticas, en primer lugar porque se contrató directamente; “a dedo”, como lo llaman algunos, pero también porque por esas fechas la empresa enfrentaba una crisis financiera que hacía dudar de su capacidad para manejar tanto dinero y por la que posteriormente terminaría en un proceso de reestructuración, el cual se mantiene hasta hoy.

En ese momento, también con Clara Luz Roldán como gobernadora, los reflectores se posaron sobre John Abiud Ramírez, director administrativo de la Cámara postulado por La U y quien, además, hoy está mencionado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Sobre ERT pesan otros cuestionamientos relacionados con jugosos contratos que supuestamente excederían su capacidad de gestión y por los que habría subcontratado a terceros de los que no se tiene mayor información, esto amparándose en las normas del derecho privado. Esta práctica, para algunos juristas, es la que utilizan los llamados “contrataderos”, que se saltan la ley 80 a través de la figura del contrato interadministrativo y que, de acuerdo con la Procuraduría, en 2023 pusieron en riesgo al menos $3,3 billones.

El Espectador encontró un caso que llama particularmente la atención, relacionado con un contrato entre ERT y la Registraduría. Esta última le entregó más de $9.000 millones a la primera para que apoyara tecnológicamente al CNE en el escrutinio de las elecciones legislativas y presidenciales del 2022, pero la empresa subcontrató, por solo $4.800 millones a una tercera llamada Turrisystem S.A.S., en la que aparece registrada como representante suplente Tulia Navas Gómez, una abogada que trabaja para Thomas Greg & Sons, grupo empresarial protagonista de la licitación de pasaportes y que, en el mismo 2022, tenía otros contratos millonarios de logística electoral.

En septiembre de 2021 la empresa también fue señalada de incurrir en esa práctica, en un contrato de $18.000 millones firmado con en Emcali y que, según el entonces concejal Juan Martín Bravo, habría terminado repartido en otras cinco empresas, lo que a su juicio demostraba la falta de idoneidad de ERT para asumir esos compromisos.

Solo este año la compañía ha suscrito 18 contratos que suman cerca de $65.000 millones, en su mayoría con entidades de la Gobernación del Valle y municipios de ese departamento, pero también con la Defensoría, el Ministerio de Transporte y la Procuraduría. De hecho, los contratos con ésta última entidad ya generaron una denuncia contra la procuradora Margarita Cabello, de la senadora Esmeralda Hernández (Pacto Histórico), quien aseguró que la funcionaria le ha entregado “a dedo” y con posibles sobrecostos cerca de $48.000 millones a ERT en los últimos tres años.

Este diario pudo establecer que, efectivamente, la empresa en cuestión sí ha subcontratado en los últimos meses a diferentes profesionales para cumplir sus compromisos interadministrativos; sin embargo, no es claro cómo se están ejecutando contratos como el del CNE o la Procuraduría; de hecho, dicha información se le pidió al gerente de ERT, Iván Alejandro Zapata, quien señaló que iba a revisar los temas.

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Entre tanto, en el CNE señalan que este fenómeno no se ha visto únicamente con la actual presidenta y que, de hecho, se han firmado otros convenios interadministrativos que terminan ligados a los grupos políticos de algunos de los magistrados. Un caso particular es el que relaciona a la primera presidenta de este cuatrienio, Fabiola Márquez (Pacto Histórico), quien contrató a Mery Janneth Gutiérrez, fallida ministra TIC de Petro, y luego firmó, por más de $11.000 millones, un contrato con Canal Zoom que fue supervisado por el exesposo de Gutiérrez, Francisco Díaz, quien tuvo un programa en ese canal, además producido por Programar Televisión, empresa de la que ambos tienen acciones.

En medio de estos ruidos, el CNE conocerá en las próximas semanas si tiene la competencia para votar la formulación de cargos contra la campaña del presidente, esto luego de que se resuelva el conflicto de competencias con la Comisión de Acusaciones del Congreso, la cual, para el presidente y su defensa, al igual que para varios juristas, es su único juez.

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